Los Desaparecidos

APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI

México se ha convertido en un país donde desaparecer dejó de ser una excepción para transformarse en una posibilidad cotidiana.

Lo más grave no es únicamente la cifra. No son solamente las más de 130 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente. No son únicamente los más de 70 mil restos humanos sin identificar que permanecen acumulados en instalaciones forenses del país. Lo verdaderamente devastador es que la desaparición se normalizó mientras las instituciones aprendieron a convivir con ella.

Eso quedó exhibido esta semana en Guadalajara, durante la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México, donde  el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, dio todas las facilidades para la organización.

Y hay algo particularmente incómodo del informe: no proviene de un colectivo opositor, ni de un partido político, ni de un adversario ideológico del gobierno mexicano. Proviene de un organismo internacional especializado en derechos humanos que durante décadas ha documentado dictaduras, guerras civiles y violaciones sistemáticas en América Latina.

Que hoy la CIDH coloque a México como un caso excepcional en la región debería provocar una sacudida nacional. Pero parece que ya nada sacude a este país.

La desaparición en México mutó. Durante décadas se relacionó principalmente con la llamada “guerra sucia”, donde el Estado desaparecía directamente a opositores políticos. Hoy el fenómeno es distinto, pero no menos aterrador: el crimen organizado desaparece personas de manera masiva, mientras múltiples instituciones del Estado fallan, se omiten, se corrompen o simplemente abandonan su responsabilidad.

La comisionada Andrea Viviana Pochak lo dijo con claridad: aunque muchas desapariciones sean ejecutadas por grupos criminales, la responsabilidad del Estado sigue existiendo.

Y tiene razón.

Porque un Estado también desaparece cuando no busca. Cuando no investiga. Cuando no identifica cuerpos. Cuando no protege a quienes denuncian. Cuando obliga a las madres a convertirse en peritos, rastreadoras, investigadoras y excavadoras clandestinas.

México vive una tragedia donde las familias hacen el trabajo que le corresponde al gobierno. Las madres buscadoras recorren cerros, brechas y fosas con una pala en la mano porque el Estado mexicano dejó enormes regiones del país en manos del miedo, la impunidad y el control criminal.

Y en medio de todo eso aparece otro dato brutal: el corredor del Pacífico —Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima— es señalado como una de las zonas más golpeadas por esta crisis.

No sorprende. Aquí convergen puertos, rutas logísticas, tráfico de drogas, desapariciones vinculadas al reclutamiento forzado, conflictos criminales y una violencia que lleva años infiltrando policías municipales, fiscalías y estructuras políticas locales.

Lo verdaderamente alarmante es que muchas autoridades siguen intentando reducir la discusión a una batalla narrativa.

Que si son desapariciones forzadas o no.
Que si el Estado tiene responsabilidad directa o indirecta.
Que si las cifras son precisas.
Que si el problema viene del pasado.

Mientras tanto, las familias siguen buscando restos humanos. Estados enteros parecen haberse acostumbrado a convivir con las fichas de búsqueda pegadas en postes, mercados, casetas y redes sociales.

México se acostumbró a mirar rostros desaparecidos mientras continúa su rutina diaria. Ese quizá sea el mayor fracaso colectivo.

Y es que una democracia no se mide solamente por elecciones o discursos oficiales. También se mide por su capacidad de proteger la vida, garantizar justicia y evitar que miles de personas desaparezcan sin dejar rastro. Y hoy México fracasa en esas tres cosas.

La CIDH hizo algo importante: documentó la crisis y colocó presión internacional sobre el Estado mexicano. Pero ningún informe, por riguroso que sea, cambiará la realidad si las instituciones siguen atrapadas entre la simulación, la burocracia y el miedo político de reconocer la dimensión real del problema.

Hay que decirlo con todas sus letras: México enfrenta una crisis humanitaria. Y quizá lo más peligroso es que llevamos tanto tiempo viviendo dentro de ella que muchos ya dejaron de verla.