DIVISADERO
Los negocios del «bosque verde» en la Amazonia
Jacques Denis
(Traducción: Rubén Carrillo Ruiz)
La ecología es un negocio para las grandes multinacionales. Y uno de los destinos para la sobrevivencia del planeta. Además, ha creado una retórica casi imbatible, pero también una moda: muchos portan falsa y folclóricamente la casaca medioambientalista. Este artículo prueba cómo en un país como Brasil, dueño de la inmensa selva amazónica, las empresas privadas quieren participar del oxígeno económico –de manera literal- que resulta de la explotación forestal. Precisa también cómo un Estado, cuando sus políticos tienen solidez, atajan y ponen diques contra la devastación. Y, también, proponen medidas en beneficio de los habitantes originarios, antes de que sus tierras se depreden y administren el desierto.
Es un claro en medio del inmenso bosque brasileño. A centenas de metros, el río Solimões empieza su descenso largo. En este abril, el suelo es todavía húmedo; los mosquitos, voraces. Un árbol derribado anuncia un aserradero a cielo abierto. «Marcamos los troncos tan pronto como su diámetro alcance veinticinco centímetros, indica Antonio, un leñador. A partir de cincuenta centímetros, algunos serán cortados. No más de tres en una zona delimitada de una hectárea, cada veinticinco años. »
No lejos, una sierra circular carga los troncos —el mulatero, muy apreciado para producir las camas, y el coração de negro, el bosque moreno de moda— en tablas calibradas. Para Jean-Francoise Kibler, economista francés separado por el Grupo de Búsqueda y de Intercambios Tecnológicos (GRET), «hay que diversificar la petición para respetar la diversidad de las especies». Desde hace más de dos años, Kibler es uno de los coordinadores del proyecto Floresta Viva, lanzado por esta asociación francesa de solidaridad y cooperación internacional en el estado brasileño de Amazonas. Llevado en colaboración con el poder público local, este proyecto quiere asociar «a las poblaciones locales en planes de gestión en pequeña escala de explotaciones duraderas ».
Un paso semejante se reencuentra en Assumpção, a hora y media en barco de Tefé, un centro urbano situado a una hora de avión de Manaos. Allí, una comunidad de veinte viviendas que bordea la zona es protegida de Mamirauá, la primera unidad de conservación natural creada en el Estado de Amazonas en 1996, se inspira en los trabajos de José Márcio Correa Ayres. Según este biólogo ecologista, podemos imaginar una explotación no de rapiña de los bosques sino desarrollando «una presencia humana en el ámbito de una explotación duradera».
La tarea parece desmesurada: catastro incompleto, conflictos territoriales, licencias no liberadas de explotación… Qué importa, hay que «trabajar para crecer» anuncia el eslogan inscrito en la escuela que sirve como sala de reuniones para Assumpção. Los responsables y miembros más implicados de esta comunidad, los deribeirinhos, poblaciones que pueblan las orillas del río, dan parte de sus preocupaciones: preservación del marco de vida, optimización productiva, mejoramiento escolar… Sus reivindicaciones reenvían la política de preservación establecida por Manaos. Tres veces más grande que Francia, el Estado de Amazonas pudo limitar el desmonte al 2% de las tierras; las zonas protegidas, reservas indígenas y unidades de conservación de toda clase cubren el 40% de su superficie. En comparación, estimamos cerca del 20% desforestación en los Estados vecinos de Pará y de Rondônia.
Aquí, el bosque queda como recurso vital, cuya explotación sólo completa los ingresos de la agricultura y la pesca. «Hay que reforzar los controles para que nuestra producción legal no compita con la de leñadores ilegales», insiste Israel, presidente de la asociación de los habitantes. Frente a este inmenso desafío, los medios del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto de Protección Medioambiental del Estado de Amazonas (Ipaam) son ridículos, a pesar de un aumento real de los créditos concedidos. De este hecho, sus acciones sobre el terreno pueden sólo ser simbólicas. Pero, de todos modos, «es imposible poner a una guarda forestal detrás de cada árbol, estima Kibler. Hay que ante todo asociar a las poblaciones locales. Preservar el bosque es una evidencia respecto a la biodiversidad. En cambio, impedir toda explotación es una idea en la cual no creo. No podremos frenar la extensión del mercado. Se trata de organizarlo, animando explotaciones duraderas ».
«Imposible poner a una guarda forestal detrás de cada árbol»
¿Podemos explotar el bosque sin destruirlo? La pregunta está más que nunca a la orden del día en Manaos, centro neurálgico de Amazonas, donde viven dos millones de personas, más de la mitad de la población de esta zona noroeste del país. Si la demarcación franca, creada aquí hace cuarenta años por la dictadura militar, favoreció el vuelo económico y demográfico de la ciudad, no permitió un desarrollo equilibrado del Estado en su conjunto y dejó suspendida las preguntas de medio ambiente.
Afiliado al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador Eduardo Braga fue electo en 2002 con la bandera de la «ecología ciudadana y responsable». En junio de 2003, declaraba al diario Folha de São Paulo: «Si no integramos la economía de esta región en una perspectiva nacional, dejamos el campo libre a toda clase de iniciativas, entre las que estarán la compra de tierras por las multinacionales y la explotación de nuestras riquezas naturales.» Sin embargo, no se trataba para él de «impedir la llegada del capital extranjero», todo lo contrario.
Desde su toma de funciones, Braga da tono para una serie de reformas: crea una Secretaría de Estado para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, otra de ciencia y a la tecnología, así como una agencia de los bosques. En el mismo tiempo, asocia su acción con los dirigentes de los movimientos sociales y expertos, comenzando con el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), sindicato poderoso de los trabajadores de la región, en una estrategia que recuerda la del presidente Lula. Un ex miembro influyente del sindicato de los seringueros, Francisco Ademar Cruz, está encargado así de la colecta de los recursos naturales del bosque (extrativismo) para el gobierno de Amazonas.
La medida-faro de esta vasta reorganización político-semiológica fue la creación en 2003 de la zona franca verde. Ella tiene como objetivo «sostener la producción forestal, agropastoral y la pesca, de manera ecológicamente adecuada, socialmente justa y económicamente viable». Biólogo diplomado de Harvard y especialista en desarrollo sostenible, la eminencia «verde» del gobernador, Virgilio Viana, nos explica que «se trata de un componente central de la política de Amazonas. Entre 2003 y 2007, la zona verde permitió una reducción del 67 % del desmonte, un crecimiento económico anual del 9 % y el aumento del número de zonas protegidas del 135 %. Los resultados son significativos en cuanto a la lucha contra la pobreza, el saneamiento, la educación y el desarrollo de las infraestructuras».
Los folletos gubernamentales contemplan diez millones de hectáreas protegidas, mil nuevos planes de gestión del bosque, más de sesenta mil empleos creados y más de cien mil productores rurales «ayudados». Es verdad que esta política goza del crecimiento excepcional del Estado, debido a la prosperidad de la zona franca de Manaos.
Inspirado en el modelo Bolsa Familia, impulsado por Lula, Bolsa Floresta es uno de los programas clave de la zona franca verde. Se trata de retribuir a las poblaciones locales encargadas de preservar el bosque. Cuatro mil hogares gozan así de 50 reales pagados mensualmente (20 euros), suma significativa teniendo en cuenta el nivel de vida en esta región, y más el doble deberían aprovechar eso desde finales de 2008.
Para numerosos actores asociativos, los pasos colectivos y el trabajo comunitario en el seno de las unidades de conservación están bien fundados. En cambio, el primero y el más visible de cuatro postigos de Bolsa Floresta, dedicado a las familias, es acusado de desarrollar el asistencialismo. «Una política clientelista adaptada al nuevo milenio», relativiza Carolina Ramos, periodista de São Paulo que trabaja en el Instituto Mamirauá.
Viana rechaza firmemente a los críticos. «Se trata del primer programa brasileño de retribución de los servicios medioambientales que toca directamente a las comunidades amazónicas, subraya. El fin es doble: la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero causadas por desforestación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del bosque. ¡Bolsa Floresta se inscribe en los objetivos del milenio para las zonas tropicales húmedas de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] y Jeffrey Sachs, consejero especial de este programa, lo saludó como un ejemplo que hay que seguir por todas partes!»
Para financiar esta política, el gobierno de Amazonas debió poner establecer incitaciones fiscales y un marco legal. Votada el 5 de junio de 2007, la ley 3135 relativa al cambio climático, a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible «reconoce y amplía los proyectos definidos por el protocolo de Kyoto». Con el fin de animar la participación privada, creaba una «certificación llamada “amigos del clima y del bosque amazónico”» para «homologar las empresas adherentes con el fin de que puedan hacer saber su compromiso a favor de la reducción del efecto de invernadero y por la lucha contra los cambios climáticos ».
Se trata, pues, de drenar las inversiones para viabilizar la zona franca verde. Para alcanzar eso, Viana pone en ejecución una idea a la que tiene un gran interés: vender los créditos carbono que correspondan a parcelas «potenciales» de Amazonia sacando provecho del interés creciente por la ecología. Había sometido a un test este proyecto, elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Búsqueda Amazónica (INPA), en el momento de la conferencia sobre el clima de Montreal (diciembre de 2005), sugiriendo establecer una factura de 70 millones de euros a la «comunidad internacional», los Estados y empresas para la preservación acertada del bosque de Amazonas.
Viana se apresuró, después, a dejar su puesto de secretario de Estado del gobierno de Amazonas para velar por los destinos de la fundación Amazonas Sustentable, encargada de cosechar estos futuros fondos de apoyo.
Amazonas Sustentable, cofinanciado con 20 millones de reales (8 millones de euros) por el estado de Amazonas y el banco Bradesco, prevé aumentar su capital apelando al sector privado. Bradesco prometió pagar desde 4,14 millones de euros al año durante cinco, a través de « productos bancarios, como títulos de capitalización, fondos de pensión, fondos de inversiones».
Otros se manifestaron: el 7 de abril de 2008, Bill Marriott, presidente de la cadena famosa y hotelera, firma un convenio en Washington con Braga para invertir 2 millones de dólares en la reserva de Juma. También, el grupo italiano Yamamay, una de las cadenas más grandes de lencería, donó 50 mil euros, antes de anunciar su intención de implantar tiendas en Brasil, comenzando en Manos. Y es sólo un principio si se juzga por los numerosos desplazamientos de Braga y Viana en este sentido.
Interrogado sobre el riesgo de privatización de una parte del bosque, Viana replica que la fundación es «una institución sin ánimo de lucro, dedicada a los servicios y productos medioambientales de las zonas protegidas. (…) conforme a la ley, tenemos la obligación de invertir todas las ganancias en los planes de gestión.» Y alega que un gabinete de auditoría privada, Pricewaterhouse Coopers, verifica todos los documentos contables.
«La preservación de la Amazonia es realmente negocio», se queja Ademir Ramos, profesor de antropología política en la Universidad Federal de Manaos y animador de un centro de investigación privado de las «preguntas amazónicas»: «Monetizamos el bosque. Entonces, desde un punto de vista ético, no podemos reducirlo a un problema simple y mercante. Los ecologistas se hicieron los evangelistas de nuestra época, animada por el catecismo de la protección ecológica adaptada a la globalización.» Y Ramos marca el consejo de administración de la fundación Amazonas Sustentable, donde ocupan escaños por elección sindicalistas, científicos y empresarios privados.
El nombramiento como presidente de Luiz Fernando Furlán, ex ministro del Desarrollo, del Comercio y de la Industria durante el primer mandato de Lula, rey de la ganadería y próximo a los grandes grupos industriales, confirma las dudas sobre los objetivos reales de la organización.
«Hay que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos»
«La fundación realiza una operación doble de marqueting: las empresas pueden «blanquear» su imagen, predice Carlos César Durigan. Cuando dejó el gobierno, Viana envió una carta para saludar a los verdaderos guardianes del bosque, a sus habitantes. Pero ellos reciben sólo migajas vía Bolsa Floresta.»Este ecólogo que dirige la fundación Vitória Amazônia, grupo especializado en la educación del medio ambiente cuyos locales están situados en Manaos, acusa el funcionamiento «muy opaco» de esta institución.
El representante de Greenpeace, en Manaos, Paulo Adario quiere, por su parte, ser pragmático: «Hay que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos.»Esta figura emblemática del movimiento ecológico brasileño considera que «la cuestión central es el dinero necesario para la protección de los bosques tropicales, en países confrontados con grandes desafíos demográficos y socioeconómicos. En Brasil, basta con comparar el peso de los ministerios de la industria o de la agricultura con el del medio ambiente para comprender qué pesa verdaderamente». Sin duda una de las razones que influyeron la salida, a principios de mayo de 2008, de la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, emblema de la lucha de los sindicatos de trabajadores amazónicos. Ella fue responsable del Programa de Desarrollo Sostenible de la Amazonia, el cual quedó al punto de las buenas intenciones…
Sostenido por otras organizaciones no gubernamentales (ONG), Greenpeace obtuvo la creación del programa Desforestación cero —416 millones de euros al año hasta 2015— con el fin de poner en sitio las infraestructuras susceptibles de permitir una protección real de la Amazonia: más control río arriba, más iniciativas duraderas río abajo. Para que este maná perdure, estima Adario, «el auxilio de la “comunidad internacional” en calidad de compensación no es estúpida». Pero «existe el riesgo de liquidar a los bosques de los países pobres en beneficio de los países más ricos. Hay que, pues, establecer cuotas. En claro, incremento de presupuesto sin permitir un movimiento de «ecoblanqueo»».
«¡Una fachada ecologista!», truena el biólogo norteamericano Charles Clement. Miembro desde hace treinta años del Instituto Nacional de la Amazonia, donde se especializó en el estudio de frutos, en particular una palmera, pupunha, medita una disminución serena y realista. Su frase favorita: «La sola parte del desarrollo sostenible que sea sustentable es retórica.»
Si evoca el «ecoblanqueo» con una sonrisa oída, Ana Paulina Aguiar Soares plantea cuestiones todavía más graves. Profesora en la Universidad Federal de Manaos, después de haber dejado el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en 1996, esta geógrafa próxima al Movimiento de los Campesinos sin Tierra (MST) escribió una tesis sobre la acción del Estado para viabilizar las acciones de las empresas privadas en el bosque.
Desde el 1999, sus búsquedas la hicieron interesarse por el aserradero Gethal, una sociedad rescatada en octubre de 2005 por el multimillonario sueco Johan Eliasch, propietario del fabricante de equipos de automóviles deportivos Head, el consejero «verde» del primer ministro británico Gordon Brown (después de haber sido vicetesorero del Partido Conservador) y tesorero mayor de la ONG Cool Earth. Al crearlo, unas 160 mil hectáreas situadas en Amazonas fueron adquiridas a título de la preservación del medio ambiente.
La buena conciencia de «uno de los filántropos verdes de punta» según The Independent no debe enmascarar su voluntad de modificar el protocolo de Kyoto, permitiéndoles a los propietarios de bosques preservados de haber (como los que re enmaderan actualmente) en compensación permisos de emisión de carbono, es decir «derechos de contaminar» en otra parte. ¡Desde principios de junio, Eliasch está prendido con alfileres por las autoridades brasileñas en virtud del derribo ilegal de 230 mil árboles!
«El crédito carbono vuelve a privatizar el bosque en provecho de las empresas internacionales, dice Aguiar Soares. Bajo la cubierta de protección del medio ambiente, éstas se vuelven propietarias de parcelas. ¿Qué va a pasar con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas?» El 25 de mayo de 2008, Eliasch declaraba a O Globo que era posible ofrecer por la Amazonia 50 mil millones de dólares. Esta idea chocó al ministro del Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc. Sin duda, menos a Braga. Desde 2006, este último había proporcionado una «ayuda preciosa» a Eliasch, que expresaba entonces: «Todos los políticos se mostraron extremadamente complacientes y comprendieron perfectamente mi proyecto.»Todo en un contexto general donde numerosos ecologistas se inquietan por el nuevo aumento de desforestación, mientras que Incra anuncia que cinco millones y medio hectáreas de Amazonia son ya propiedad de extranjeros.
Brasilia sigue, sin embargo, el ejemplo de Manaos. El 13 de diciembre de 2007, al término de la conferencia de Bali, el gobierno federal levantó fondos del voluntariado para la conservación de la Amazonia y la lucha contra las emisiones de gas con efecto de invernadero. Lo que irritó a Braga: «¿Los beneficios del fondo crédito carbono serán devueltos a en los estados y ciudades concernidos?»
Cada uno quiere su parte del pastel «ecológico». El 1 de agosto pasado, el presidente Lula da Silva firmó finalmente en Río un decreto que creaba el Fondo Amazonia, que podrá captar hasta 14,7 mil millones de euros en donaciones de aquí a 2021. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y limitado a 700 millones de euros en 2009, financiará proyectos de preservación y de desarrollo sostenible del bosque amazónico propuestos por el Ministerio del Medio Ambiente. Responsable del proyecto en BNDES, Eduardo de Mello asegura que los donantes eventuales no gozarán de contrapartidas tales como exenciones de impuestos o créditos carbono. Muchos países y empresas están interesados desde ahora.
Qué va a pasar con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas
«El encerramiento de la lucha contra el cambio climático en la pregunta del carbono constituye una herejía científica, una construcción ideológica y económica. Detrás de esta innovación ecológica, la referencia a las ciencias y el saber enmascara un juego que ve a los científicos y a los políticos participar en el progreso de la mercantilización», analiza Florencia Pinton, socióloga del Centro de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en los mercados emergentes de la biodiversidad. En efecto, los intereses privados a menudo desvían las preocupaciones medioambientales en su provecho. «Vivimos en un mundo ultraliberal y proporcionamos las herramientas que el capitalismo necesita para penetrar en el fondo fino del bosque.»
