Boca grande cola corta
Mtro. Florencio Llamas Acosta
Existe una idea muy arraigada entre la población de que la política es una práctica de personas corruptas, percepción que se ha conformado a partir que funcionarios públicos y representantes populares han utilizado el poder y los cargos para beneficiarse a costa del erario publico o por tráfico de influencias.
Esta forma de ver la política se ve reflejada en los datos reveladores de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 que realiza el INEGI, en ella señala que “a nivel nacional, el 70.4% de la población considera que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del desempleo con un 51% y la corrupción con un 48.5 por ciento.” Por lo tanto, la corrupción es el cuarto problema de la sociedad mexicana percibe como grave para el país.
Otro dato revelador al respecto, es “que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrupción es una práctica Muy Frecuente y Frecuente en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente.” Por lo tanto, los partidos políticos como entidades de interés público, no gozan de buena reputación entre la opinión pública y son signo de descredito y desconfianza en su actuar honesto y transparente ocupando el segundo lugar en corrupción.
En un sentido similar la encuesta del INEGI señala que “a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 100,000 habitantes.” Es decir existen un 12% de prácticas de corrupción entre los funcionarios de las dependencias de los tres niveles de gobierno.
Con estos datos, se explica el porqué, el tema del enriquecimiento inexplicable de políticos y funcionarios es un aspecto que los ciudadanos señalan, cuestionan y rechazan, sentimiento que es aprovechado en las campañas políticas como estrategia para desacreditar a los adversarios.
En la actual contienda electoral por la conquista del poder ejecutivo estatal, el abanderado del PAN Jorge Luis Preciado buscó ganar simpatías mediante una argucia mediática acusando al gobierno estatal priísta de malos manejos financieros y corrupción de sus funcionarios, al tiempo que presentaba una parcial declaración patrimonial con el cual se buscaba lavar sus manos ante la opinión pública.
Este hecho, permitió al candidato del PRI Nacho Peralta fortalecer uno de los ejes centrales de su campaña como lo es el ofrecer un gobierno honesto que trasparentará el uso de recursos públicos y evitará el enriquecimiento inexplicable de sus colaboradores.
Para ello desarrolló dos acciones, la primera fue presentando públicamente su declaración patrimonial, su declaración fiscal y una carta donde acredita no tener conflicto de intereses por tener negocios o acciones con otras empresas, dejando claro que “pa´ lo limpio no se ocupa jabón”.
La segunda acción, fue presentar una propuesta de iniciativa al congreso del estado para hacer obligatoria la declaración patrimonial y que sea pública, además de la creación de una contraloría social mediante el cual la ciudadanía vigile que se dé la adquisición de bienes de forma trasparente.
En este sentido, el dignificar la política y darle honorabilidad a los servidores públicos es además de una exigencia de la sociedad una tarea que implicará un gran compromiso y esfuerzo.
Por lo pronto, a Jorge Luis y su estratega de campaña le salió en tiro por la culata, pues como dice el dicho popular para tener la boca grande, hay que tener la cola corta, ¿O usted como lo piensa?
