Estados Unidos.- La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes señala por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, quienes detallaron que la acusación incluye delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas.
De acuerdo con el documento judicial, los acusados —todos ex o actuales servidores públicos de alto nivel en Sinaloa— habrían participado en una conspiración para facilitar la importación de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
Las autoridades sostienen que el grupo operó como una red de protección institucional para el cártel, proporcionando información confidencial, evitando operativos y garantizando impunidad a sus líderes. A cambio, habrían recibido sobornos millonarios provenientes del tráfico de drogas.
El fiscal Clayton afirmó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tal alcance sin el respaldo de funcionarios corruptos, mientras que la DEA subrayó que estas acciones habrían puesto en riesgo la seguridad pública al facilitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Además del gobernador Rubén Rocha Moya, la acusación incluye a:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán
Todos ellos habrían ocupado posiciones clave dentro del aparato gubernamental y de seguridad, lo que —según la acusación— permitió consolidar una estructura de apoyo al crimen organizado.
El expediente señala que los acusados mantenían una relación estrecha con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera.
Según las autoridades estadounidenses, Rubén Rocha Moya habría llegado al cargo en 2021 con apoyo de este grupo, que presuntamente recurrió a intimidación y secuestros contra adversarios políticos. A cambio, el mandatario habría permitido que la organización operara con impunidad en la entidad.
Asimismo, se documenta que algunos funcionarios habrían recibido pagos periódicos del grupo criminal. En el caso de Dámaso Castro Zaavedra, se menciona la recepción mensual de recursos a cambio de protección e información sobre operativos.
El caso también incluye señalamientos directos contra Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien presuntamente participó en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, ambos asesinados tras ser torturados.
Las autoridades sostienen que algunos de los acusados no solo protegieron al cártel, sino que también habrían participado activamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y homicidios contra presuntos informantes o rivales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra más de 30 integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por debilitar sus operaciones internacionales.
El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Las autoridades estadounidenses recordaron que las acusaciones son de carácter formal y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
En tanto y vía redes sociales, el Ejecutivo estatal de Sinaloa afirmó: «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», contestó.
«Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia», señaló en X.
Rubén Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y las califica como infundadas
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Derechos Reservados AF
