PARA PENSAR
Por: Carlos M. HERNÁNDEZ SUÁREZ
En su momento predije —y lo hice público— que la planta que fabricaría autobuses en Colima no se iba a instalar; que íbamos a sobrepasar las 60 mil muertes que Gatell anunciaba; que jamás íbamos a tener un sustituto del glifosato; que la vacuna Patria no se iba a comercializar; y que México iba a perder la disputa con Estados Unidos en relación con los transgénicos.
Ahora toca analizar el nuevo anuncio: la intención de CIAPACOV de vender garrafones de agua purificada a 10 pesos para familias vulnerables en Colima.
Antes que nada debo aclarar algo: me gustaría que el programa fuera un éxito. Coincido plenamente en que hay personas a quienes se les dificulta acceder al agua potable para consumo diario. Dicho esto, conviene revisar algunos números.
El Decreto 254 autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) a ofrecer agua purificada en garrafones de 20 litros a un precio aproximado de 10 pesos, calculado mediante una fórmula vinculada a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La intención es facilitar el acceso al agua potable para sectores de menores ingresos.
El problema no es la intención. El problema es la logística.
Producir agua purificada mediante procesos de filtración y ósmosis inversa suele costar entre 5 y 7 pesos por garrafón. Hasta ahí, el esquema podría parecer viable. Sin embargo, el componente realmente costoso es la distribución. Repartir garrafones implica camiones, combustible, personal, rutas, logística y manejo de envases. En esquemas comerciales comparables, ese costo suele situarse entre 6 y 12 pesos por garrafón. En conjunto, el costo total puede ubicarse entre 11 y 19 pesos por unidad.
Venderlos a 10 pesos implica necesariamente un subsidio. Además, producir y distribuir 60 mil garrafones a la semana requeriría aproximadamente entre 100 y 150 nuevos trabajadores. Es razonable suponer que estos trabajadores buscarían eventualmente integrarse al sindicato correspondiente, como es su derecho.
Pero el verdadero desafío aparece cuando se observa la escala. Si la demanda en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez alcanzara 60 mil garrafones por semana, esto significaría movilizar más de tres millones de garrafones al año. Operar un sistema de ese tamaño exige plantas de llenado, flota de distribución, control sanitario, logística de envases y una coordinación diaria extremadamente eficiente. Cualquier interrupción podría generar inconformidades inmediatas entre los usuarios.
A esto se suman otros efectos previsibles. Un programa así difícilmente puede comenzar al mismo tiempo en todas las colonias, lo que inevitablemente generará presiones políticas: ¿por qué ellos sí y nosotros no? Además, un precio tan bajo desplazaría a muchas empresas privadas que hoy distribuyen agua purificada. El resultado sería concentrar el suministro en un solo proveedor público. Si ese sistema falla —por contaminación, problemas técnicos o conflictos laborales— esas familias vulnerables podrían quedarse sin alternativa de abastecimiento.
Hay otro efecto bien conocido en economía: cuando un bien esencial se vende muy por debajo de su precio de mercado, aparece la reventa. Y cuando hay reventa, aparece un mercado informal.
También queda pendiente una pregunta políticamente delicada: ¿quién y cómo se decide quién recibe el beneficio y quién no?
Por supuesto, el programa podría terminar siendo algo mucho más pequeño. Si al final se distribuyen 1,000 garrafones diarios para familias en extrema necesidad, estaríamos ante un programa social focalizado. Lo cual es perfectamente válido, pero eso es muy distinto a lo que se ha insinuado públicamente.
