ECOPARC, LA CONTROVERSIA
CARLOS OROZCO GALEANA
Recientemente los diputados locales votaron en contra de un punto de acuerdo presentado por la diputada Martha Sosa con el fin de que se practicara una revisión “de situación excepcional ” a la concesión que el gobierno local otorgó a un particular para que administrara el Parque Regional, una área natura bellísima que disfrutamos los colimenses conocida como “pulmón de la ciudad” de 22 hectáreas de extensión.
¿ Y qué cree usted? Un grupo de diputados que hizo mayoría dijo no, se impuso en votación a una postura que solo buscaba aclarar algunos pormenores que clarificaran el proceder de las autoridades respecto a un bien público. La diputada Martha, que suele ser correcta y clara en sus exposiciones, quería simplemente saber lo que muchos colimenses quieren tener muy claro: en qué forma un particular prestará un servicio público y qué tipo de apoyos recibirá de la administración para alcanzar ese objetivo. Nada del otro mundo.
La negativa de los diputados sobre esa solicitud no abona a la transparencia, los pone del lado de la obscuridad y el engaño. Olvidan que la peticionaria Martha es una representante popular que no solo indaga por un interés particular sino que lo hace a nombre del pueblo; es decir, persigue el interés general que sus compañeros, por desgracia, no comparten.
Siempre me ha parecido una grosería que los representantes populares, en cualquier congreso estatal o federal, se hagan patos cuando se pretende esclarecer asuntos que involucran bienes o recursos públicos. Se olvida que fueron votados para legislar, para generar leyes que hagan la vida pública más digna. Si la lucha contra la corrupción no avanza es en parte porque los congresos son un tapón que no permite la transparencia en los asuntos relevantes. Esto puede constatarse con el famoso sistema nacional anticorrupción, atorado varios años por las fuerzas que se resisten a que se modifique el actual estado de cosas en el que cada quien, en el uso del poder, lo aprovecha para su beneficio propio o del partido al que se pertenece.
Si alguien saldría ganando con una revisión general sobre la concesión del Parque ese sería el gobierno local. No haría daño conocer las reglas de adjudicación de la concesión, el uso que se dará a instalaciones, el mantenimiento y situación de animales y en fin la manera cómo la entidad se vería beneficiada con la operación de ese inmueble por manos privadas.
Es probable que se haya optado por entregar el manejo del Parque a un particular por carencias presupuestales. Se sabía desde hace tiempo de apuros oficiales para administrar diversas áreas recreativas en varias de nuestras ciudades,, como el Ecoparc. Esto podría comprobarse visitando sus instalaciones, que no lucían como al principio de su operación. Cuando lo visité la última vez, un año atrás, noté que sí le faltaba mantenimiento en varias de sus zonas y advertí que algo debía hacerse para mejorarlo como opción recreativa.
No es ilegal que el estado otorgue concesiones a particulares, pero debe hacerlo obligado por situaciones de dificultad, cuando está impedido por falta de recursos de operar proyectos que resultarían incosteables y dejar a particulares que cubran “con su propio esfuerzo” ciertas áreas de servicios ( Teoría General de la Concesión, de Jorge Calafell). Tiene que constatarse, además, que el concesionario tenga capacidad técnica personal y material, el capital necesario que le permita contratar personal que prestará el servicio y para adquirir bienes y equipo. Porque con agua, semilla y tractor, – gratis – hasta yo soy agricultor. Es decir, el concesionario habría de cubrir esos gastos para la operación, no el gobierno.
No se desprecie el sentir de los ciudadanos. Hubo miles que firmaron por anular la concesión. Hay insatisfechos porque faltó información que justificara fehacientemente la concesión del Parque, y me parece que aún es tiempo de que se responda a ese interés. ¿ O qué, los ciudadanos no tienen derecho a saber cómo actúan las autoridades?
