Reforma fiscal 2021

Por Héctor Romero Fierro

El Presidente Manuel Andres López Obrador no honró su palabra al aumentar los impuestos para el próximo año, al menos así se desprende de las diferentes minutas de la llamada Miscelánea Fiscal 2021 ya que en el renglón de “Derechos” propuso a la Camara de Diputados un incremento del 56.5% en cuanto a los derechos de uso del espectro radioeléctrico de bloques en la banda de los 800 Mhz.

Además, aunque se dice que no hay aumentos en los impuestos la reforma otorga muchísimas nuevas facultades al fisco federal para la fiscalización de los contribuyentes.

A pesar de que la Comisión de Hacienda planteó una disminución de ese porcentaje a solo el 3.5%, el cobro de esos derechos es incongruente con la urgente política fiscal para la tan prometida conectividad universal, por lo que abusan por ser bandas necesarias para la inminente entrada de las redes de última generación 5G.

Por ejemplo, en esa banda de 800 mhz. y a pesar de la propuesta de disminución de los diputados el cobro para 2021 resulta ser cuatro veces superior al de los países socios económicos de México; 9.9 veces en la banda de 600 Mhz. Y 3 veces en la banda de los 3.5 Ghz; 4 veces más alta para los 850 Mhz. Además mantuvieron la creación de nuevos derechos para las frecuencias de 600 Mhz, 1,500 Mhz, y 3.5 Ghz que representan hasta 10 veces mas caras que el comparativo de otros países.

Nuestro país privilegia la recaudación fiscal sobre el desarrollo de redes de telecomunicaciones, desalentando por el alto costo de los derechos la entrada de nuevos competidores en las próximas licitaciones del espectro radioeléctrico y consecuentemente el incremento de los precios en la telefonía celular e internet. Es claro que esos incrementos los acabaremos pagando los consumidores, ademas con esos altos precios será imposible lograr la tan anhelada conectividad universal, a solo que se implemente ésta por el gobierno, (esto es subsidiando con el pago de nuestros impuestos).

La disminución de esos Derechos la propuso la Comisión de Hacienda ya que diversos organismos e instituciones les advirtieron del grave impacto que tendría en el sector el voraz cobro pretendido por el Presidente, sin embargo los otros cobros de derechos pone en riesgo el necesario despliegue de nueva infraestructura e inversiones necesarias para la entrada de la 5G.

Es importante señalar que la Barra Americana de Abogados ABA, envió el pasado 20 de octubre una carta al Presidente MALO, donde señala: “El gobierno (mexicano) ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales, que se abstengan de buscar alguna representación legal. Les sugieren acercarse directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco”.

En dicha carta se afirma que la Procuraduría Fiscal ha iniciado o amenazado con iniciar investigaciones de carácter penal, como parte de su “estrategia de negociación” para presionar a personas o entidades que, según el SAT, evaden el pago de contribuciones. “La Barra Americana (de abogados) se opone a cualquier acción que tomen los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal para tener un juicio justo, o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto, a través de los canales legales apropiados”.

En el mismo sentido se han pronunciado la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA). Hemos visto que esta campaña que se aplica a grandes contribuyentes ha generado una recaudación récord en el país, pero con el menoscabo de la imagen de México en el extranjero, donde proyectamos un país donde no se respetan la presunción de inocencia, el debido proceso, ni que se privilegie la Seguridad Juridica del inversionista, imagen que se vino a deteriorar aun más con la carta que dirigieran congresistas americanos al Presidente Trump solicitando su intervención para que recuerde a López el contenido del T-Mec y diversos Tratados Internacionales y México deje de obstruir el sector energético donde ya peligran inversiones multimillonarias.

En la misma reforma, preocupa el que presunciones del fisco en relación a que algunas operaciones reales celebradas por los contribuyentes al considerarse que éstas carecen de razón de negocios, puedan provocar consecuencias penales, se torna sumamente grave, ya que de ninguna forma son operaciones simuladas o realizadas en fraude al fisco federal, por lo que no caen en la tipicidad o conducta antijurídica de ese delito o de sus equiparables.

También ha provocado mucha molestia el que el fisco pretenda usar herramientas tecnológicas tales como videos y fotografías en el ejercicio de sus funciones, violatorio del articulo 16 Constitucional que tutela la inviolabilidad del domicilio, no basta que el fisco prometa que guardará absoluta reserva del material recabado, ya me imagino ver un Drone propiedad del SAT sobrevolando un domicilio con la excusa de que las fotografías son para planear actos de fiscalización.

A pesar del excelente resultado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la misma sigue acéfala, ya que mejor retiraron la inconstitucional terna que había propuesto el Presidente, urge que se nombre ya un titular que cumpla los requisitos de la ley y que no llegue a dicho cargo por su sumisión al Presidente, debe ser alguien que actúe como verdadero ombudsman del Contribuyente. Por cierto en la reforma fiscal para 2021 se limita el acceso a los acuerdos conclusivos, en perjuicio del contribuyente.

Es tan importante esta reforma fiscal que invitamos a los interesados a las tradicionales platicas organizadas por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara por conducto del Doctorado y Maestria en Estudios Fiscales y la División de Contaduría, 11 y 12 de noviembre, donde participarán el Rector del Centro, Mtro. Gustavo Padilla Montes, el diputado federal y ex-rector Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla quien nos comentará su experiencia en la discusión en la Camara de Diputados de este paquete de reformas, reconocidos maestros del Doctorado y Maestria y de la ANADE, BMA, CCPGJ y ANAFINET, entre otros.