El vocero en materia de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandro Poiré, urgió a gobiernos estatales y municipales a acelerar su compromiso firmado en 2008 de evaluar y sujetar a un control de confianza a los altos mandos y personal de gobierno y de instituciones policiales de procuración de justicia y de reinserción social.
En conferencia de prensa, Poiré recordó que en 2008, los gobiernos estatales y municipales adquirieron el compromiso a través de la firma del Acuerdo Nacional para la Legalidad y la Seguridad de completar para 2010 dicha evaluación a fin de construir instituciones sólidas que den confianza a los ciudadanos.
Por lo que respecta al gobierno federal, Alejandro Poiré dijo que al 27 de abril, más de 50 mil elementos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia federales han sido evaluados con controles de confianza para permanecer como personal en activo.
Agregó que de agosto de 2010 a abril de 2011, fueron evaluados mil 152 funcionarios del INM, de los cuales 200 agentes han sido cesados por incurrir en diversas anomalías y 40 se encuentran sujetos a proceso penal.
Además, dijo, a partir octubre de 2010 se instrumenta la rotación periódica de todo el personal de ese organismo con el objetivo de evitar los riesgos de vinculación con la criminalidad y fortalecer poco a poco la confiabilidad de la institución.
A estas acciones, añadió, deben sumarse los resultados con mayor contundencia de estados y municipios porque son los gobernadores y los presidentes municipales los que interactúan de manera más directa con sus comunidades, quienes conocen mejor los el fenómeno delictivo de la sociedad a la que sirven, así como las particularidades de los retos que enfrentan en materia de seguridad.
El funcionario federal resaltó que la implicación de no concentrar los esfuerzos necesarios en establecer instituciones estatales de seguridad y de procuración de justicia que funcionen efectivamente en la prevención y en la persecución del delito es abandonar a los habitantes a la voluntad criminal
«No hay pretextos ni excusas para a incumplir la ley la ley y la palabra empeñada. Las circunstancias nos exigen todo lo contrario. Avanzar más rápido, coordinarnos mejor, dejar atrás diferencias y sumar resultados», comentó.
La depuración y certificación de las instituciones involucradas en la seguridad pública, puntualizó, deben convertirse en prioridad de las autoridades estatales como lo es para el gobierno federal.
Con información del Universal
