A PROPÓSITO
Por: Fernando MORENO PEÑA
El 22 de noviembre. el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que contiene un acuerdo del presidente de la república, que a todas luces se aparta de varias disposiciones constitucionales y contraviene otras de carácter legal. En su artículo primero, el acuerdo señala de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México.
Las obras del gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional, son aquellas que involucran a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo instruye a las dependencias y entidades públicas a otorgar de manera provisional las autorizaciones que les sean requeridas en un plazo máximo de cinco días hábiles, porque, de lo contrario, se considerará como una afirmativa ficta. Dichas autorizaciones tendrán una vigencia de un año.
Especialistas advirtieron que el acuerdo es un retroceso en materia de rendición de cuentas, porque éstos podrán iniciar sin dar cumplimiento al marco normativo en materia de obra pública y de transparencia.
El presidente AMLO negó que se trate de un decreto presidencial debido a que solo es un acuerdo para que las dependencias federales coadyuven a que se alcance el objetivo de concluir las obras sin tantos trámites y ponerlas en marcha a partir de 2023: “Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, le responde a AMLO y apuntó que es «francamente violatorio» de las disposiciones constitucionales en materia de división de poderes, competencia económica, protección ambiental, debido proceso, consulta previa ambiental e indígena, y progresividad en derechos humanos. Por eso, «respetuosamente solicitamos al Poder Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado Acuerdo en respeto al Estado de Derecho».
“No es simplemente un «acuerdo interno» para agilizar la realización de obras. Es una acción que pretende colocar los proyectos del gobierno por arriba de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.”
Y es que el artículo 134 de la Constitución establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del sector público deberán hacerse por licitaciones públicas.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío, sostuvo que “este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”.
El politólogo José Antonio Crespo advirtió que esta decisión revela el talante autoritario de este gobierno, pues deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos sociales que se sientan afectados por dichas obras.
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), señaló que, según el acuerdo: “Parece buscar es que las obras no tengan cuestionamientos de ninguna índole y lamentó que los requisitos establecidos por la ley sean vistos como un obstáculo y no como candados que pretenden cuidar aspectos como el medio ambiente”.
Para la ex presidenta del INAI, Jacqueline Peschard, el acuerdo pasa por encima de la transparencia: “El Artículo 6 de la Constitución todas las obras públicas, todo lo que tiene que ver con recursos públicos deber de ser público, entonces no puede simplemente ser algo que se decide arbitrariamente».
El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, criticó severamente el acuerdo presidencial, asegurando que viola varias leyes, invade las facultades del Poder Legislativo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y, además, incentivará la corrupción.
Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, calificó como “lamentable” y “grave” el acuerdo presidencial, pues afirmó que busca ir más allá o en sentido contrario a la Constitución y a la legislación de la administración federal.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, subrayó que la discrecionalidad del acuerdo abre la puerta a quienes prefieren esconder proyectos, contratos y documentos.
Los problemas del decretazo
1.- Además, el decreto carece de fundamentación jurídica, no establece la norma Constitucional o legal que justifique su expedición.
2.- La declaración de interés público y de seguridad nacional en las obras prioritarias del presidente, no están consideradas como de seguridad pública dentro de las actividades que el artículo 3 de la materia considera como tales, por lo que hay un exceso del ejecutivo en sus competencias constitucionales y una clara invasión a las competencias del poder legislativo.
3.- El acuerdo presidencial hace extensivo a otros proyectos que pueden ser considerados de interés público o de seguridad nacional, pero la Constitución en su artículo 28 declara de manera limitativa què proyectos tienen ese carácter y el presidente AMLO no puede legalmente ampliarlos, porque la Constitución no le da esa facultad.
4.- La declaración de un proyecto o programa para ser considerado de interés público para la nación le compete al Congreso de la Unión y no al presidente de la república.
5.- En el artículo 2 el decreto se habla de otorgar autorizaciones provisionales, esa figura no existe en las leyes cuando se trata de requisitos para obras o proyectos.
6.- La eliminación de trámites para otorgar permisos de obras o proyectos, no es de carácter general, solo aplica a las obras del presidente, lo que quiere decir que se pretende establecer una excepción a las obras presidenciales, mientras todos los demás ciudadanos tienen que cumplir con la legislación vigente.
7.- El decreto confirma la afirmativa ficta en caso de no tener respuesta a los cinco días de presentarse la solicitud y siempre se ha considerado en el derecho administrativo que el silencio equivale a una negativa.
8.- El presidente AMLO argumenta que está cansado de los amparos a los que recurre la gente o las organizaciones que ven afectados intereses individuales, colectivos o sociales; o sea, le cansa la aplicación cabal de la ley.
9.- El presidente AMLO se queja de la lentitud y la cantidad de trámites burocráticos; o sea, se queja de su propia burocracia que no agilizan las autorizaciones, eso también lo padecen los ciudadanos.
Por otra parte, el presidente AMLO percibe que los tiempos no le alcanzan para terminar las obras en los plazos prometidos; sin embargo, las críticas en contrario están enfocadas no a los tiempos, sino a la opacidad, cancelado el derecho a la transparencia que además puede dar lugar a actos de corrupción que generaría también incrementó en los costos al margen de la información pública.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo presidencial. Otro más que va a la Corte.
