México.- El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas, afirmó a senadores que el nivel actual de endeudamiento absoluto de las entidades “no es dramático”, ya que sólo significa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y eso “no representa un riesgo para las finanzas públicas ni para el sistema financiero del país”.
Ante las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda, y de Hacienda consideró que esta situación “no es una falla generalizada” y hay entidades y municipios que han manejado sus finanzas públicas de manera responsable.
Sin embargo, reconoció que es preocupante el ritmo de crecimiento de este indicador, pues en sólo cuatro años duplicó su nivel como porcentaje del PIB y de continuar esta tendencia “sí empezaría a generar problemas serios y ciertas dudas acerca de la sostenibilidad fiscal o financiera, como se llegó a observar en países latinoamericanos”.
Dijo que en México no hemos llegado a la situación que se observó otras naciones del continente, donde los problemas de sobreendeudamiento de gobiernos locales tuvieron efectos macroeconómicos adversos y fueron factores importantes en las crisis de balanza de pagos a finales de los 90 y en la última década.
Messmacher Linartas reconoció que la deuda pública “tiene usos legítimos”, pero también “se puede prestar para ciertos abusos o una utilización irresponsable”.
Sin embargo, se pronunció por “no satanizar” el tema y aprobar reformas que permitan que se pueda utilizar la deuda pública para proyectos legítimos de inversión.
En su turno, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), manifestó que el nuevo marco jurídico debe tomar en cuenta la necesidad de las entidades de endeudarse para invertir en infraestructura y los mecanismos para el registro y transparencia de los recursos.
Hizo un llamado a los senadores para que se establezca la obligación de los estados a presentar la tasa de interés, así como las comisiones que cobran las instituciones bancarias para otorgar los créditos, porque es “incompatible” con la democracia y las finanzas sanas clasificar esta información como confidencial.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que las cinco iniciativas que se analizan “tocan de manera muy tangencial” el tema de las responsabilidades administrativas y penales de quienes incurren en omisiones o actos contrarios a las disposiciones que proponen.
Por su parte, Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis e Investigación Económica de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que las restricciones legales son una condición necesaria, pero insuficiente para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública.
Para su administración “prudente y responsable”, agregó, se requiere transparentar el total de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras, regular el gasto corriente -en particular los servicios personales y pensiones-, así como establecer límites a la política salarial y controlar el aumento de los precios en el último año de gobierno. BP
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