José Francisco Coello Torres, abogado general de la Universidad de Colima, al fijar la postura de la institución sobre una casa que compró hace dos años en Suchitlán y donde presuntamente ocurrió una situación ilícita, dijo que la finca fue comprada por esta casa de estudios, pero que aún no toma posesión de ella porque no dispone de las escrituras.
En rueda de prensa, el abogado de la institución dijo que la casa fue comprada en seis millones de pesos, con el fin de instalar allí el Centro Universitario de Gestión Ambiental una vez que se tengan las escrituras “y una vez que se revalore el uso del inmueble, de conformidad con lo que disponga la Comisión de Patrimonio del Consejo Universitario”. El dinero para comprarla provino de recursos propios de la U de C.
La finca, de dos hectáreas de extensión y 250 metros construidos, fue valuada para su adquisición por el perito Ramón Fernando Olmedo y era propiedad de Héctor Sánchez de la Madrid y de Margarita Patricia Espinoza Sotelo de Sánchez.
El expediente de dicha casa, dijo el abogado, se encuentra en la notaría pública número dos, a cargo de Juan José Sevilla Solórzano, quien realiza la escrituración del inmueble. Se ha tardado este proceso, comentó Coello Torres, porque la casa aún tenía “anotaciones preventivas” o procesos administrativos pendientes, que era necesario solucionar antes de tener las escrituras en forma.
Aclaró: “a la fecha, la institución no ha tomado posesión de la finca ni ha ejecutado ninguna acción en su calidad de propietaria de la misma, hasta que tenga en su poder la escritura debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo que permitirá entonces ejercer actos de domino sobre el inmueble”.
Respecto a la situación legal, Coello Torres dijo que “la Universidad es y será respetuosa de los ordenamientos legales. La casa parece ser que tiene sellos de la Procuraduría del estado, y se trata de una situación judicial que tendrán que resolver las autoridades competentes. En su momento veremos si resulta o no afectada la institución en cuanto a la propiedad del inmueble”.
Agregó, por último, que esta situación “escapa al ámbito de la Universidad; nosotros no tenemos nada que ver allí. Fue una situación que se presentó en virtud de la acción de una persona física, y será la autoridad la que determine cuál es la situación jurídica de la finca, cuál es la situación del supuesto ilícito y, colateralmente, cuál sería el papel de la institución”.
