LA VILLA O VILLA DE ALVAREZ
Por: Noé GUERRA PIMENTEL
En los últimos años, de manera intercalada como paulatina, dependiendo de las administraciones municipales; silenciosa y constante, el nombre completo de una demarcación con profundo arraigo tradicional e histórico, quizá la que más en el Estado de Colima, ha comenzado a diluirse en la comunicación pública.
Lo que durante más de ciento cincuenta años se sostuvo como “Villa de Álvarez”, así completo, a estos días, en cambio, aparece con frecuencia creciente, reducido, omitido o simplificado incluso hasta en la papelería institucional, propaganda gubernamental y discursos políticos, simple y llanamente como: “La Villa”.
A primera vista, podría parecer un ajuste menor, una decisión presuntamente estética, vista como funcional o incluso estratégica para facilitar la comunicación en tiempos de la supuesta inmediatez digital. Sin embargo, el problema es más profundo, no se trata de una cuestión de forma, sino de fondo: el nombre completo de una comunidad no es adorno, es un depósito de tiempo, de vidas, de memoria, de historia. Es historia y fundamento de toda tradición y, en este caso, guste o no, es un mandato legal que se juramentó: “cumplir y hacer cumplir”.
Desde su reconocimiento por el primer constituyente federal el 10 de septiembre de 1824 como Villa de Almoloyan, hasta la adopción, por decreto del legislativo estatal a iniciativa del titular del poder ejecutivo del Estado, el gobernador Urbano Gómez, desde el 16 de septiembre de 1860 -en honor al primer gobernador del estado: Manuel Alvarez, caído en cumplimiento del deber-, la denominación ha sido una síntesis histórica construida con hechos, sacrificios y procesos sociales. Suprimir parte de ese nombre no es simplificar: es borrar la historia, es borrarse.
Lo preocupante no es el cambio en sí, sino la forma en que ocurre. Que se sepa, no hubo estudios técnicos, consultas ciudadanas ni reformas legales que respalden esta arbitraria supresión o modificación en el uso institucional del nombre oficial. Se trata, más bien, de una práctica que se ha normalizado desde la ocurrencia, el capricho y la inercia administrativa impuesta por una falsa noción de superficial modernidad o de presunto reflejo popular, entendida como reducción, brevedad o, en términos actuales: “branding”.
Tendencia que refleja un fenómeno más amplio, como es la sustitución de lo realmente significativo y de valor, por lo funcional, aunque sea banal. En nombre de la “eficiencia comunicativa”, se sacrifican elementos que sostienen la identidad colectiva, la trascendencia de un pueblo que, contradictorio con esto, se regodea en sus tradiciones. Pero una comunidad sin memoria es una comunidad expuesta a la fragmentación, a la carencia de unidad, a la división, al extravío, al olvido.
Aunque las implicaciones no son inmediatas, sí son acumulativas, pues en el corto plazo se genera confusión y se debilita la coherencia institucional. En el mediano, se erosiona la conexión de las nuevas generaciones con el pasado. En el largo plazo, el riesgo es mayor: viene la desmemoria orgánica, donde los referentes que de origen a la identidad local desaparecen del imaginario. No debemos olvidar que más que cambiar un nombre, se renuncia a la identidad, a la memoria histórica y, lo más importante, a la relación entre ciudadanos e instituciones.
El nombre completo no es una carga administrativa, es un patrimonio cultural, es patrimonio que requiere cuidado, respeto y, sobre todo, conciencia de su valor. Porque la modernidad no debería implicar olvido. Por el contrario, una sociedad verdaderamente moderna es aquella capaz de integrar su historia en sus formas contemporáneas de comunicación. Simplificar no es borrar. Es, en esencia, entender qué tipo de comunidad se quiere: una que honra su vida, su trascendencia, sus tradiciones, su historia o una que la reduce a conveniencia. El uso del nombre completo no es opción, es obligación legal y compromiso con la memoria histórica y con los representados. Su observancia fortalece la legalidad, la identidad y la cohesión social. Lo deseable es que, quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la constitución, lo corrijan o, se deslinden.
