El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró listo para hacer frente a la elección presidencial de 2012.
La magistrada presidenta de este tribunal, María del Carmen Alanís, auguró elecciones cerradas, particularmente en el caso del presidente de la República, así como muchas impugnaciones contra servidores públicos y campañas negativas.
“La tendencia es resultados cerrados, hay que estar listos. Tenemos la atribución de hacer el cómputo final de la elección, declararla válida, lo mismo que al presidente electo. Estamos preparados para emitir fallos en tiempo y forma”, afirmó Alanís Figueroa en un foro organizado por EL UNIVERSAL, en el que también participó el magistrado Pedro Esteban Penagos López.
Alanís recordó que en 2012, por primera vez se instrumentará el recuento voto por voto en los distritos electorales. “No hemos tenido experiencias en el cómputo en una elección presidencial. El trabajo es una locura, hay cómputos que se tardan hasta cinco días”.
Reconoció que aun cuando la inseguridad no ha llegado a las impugnaciones, “el Tribunal tiene que hacerse cargo de esas variables”.
El magistrado Penagos aclaró que las jurisprudencias emitidas por el tribunal tienen como fin llenar vacíos en la normatividad electoral, frente a la falta, por ejemplo, de una Ley de Partidos Políticos y la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de propaganda personalizada.
Durante dos horas, los magistrados electorales respondieron las preguntas de José Antonio Crespo, Alfonso Zárate y José Fernández Santillán, colaboradores de esta casa editorial.
En el diálogo, también estuvieron presentes Roberto Rock, director editorial de EL UNIVERSAL, y David Aponte, subdirector editorial del periódico.
Recuento voto por voto
En la última reforma electoral (2007-2008), los legisladores incluyeron la posibilidad de abrir los paquetes electorales para realizar un recuento de votos en los distritos electorales, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de 1%.
Lo anterior, a raíz de que en 2006, la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador exigió el recuento “voto por voto casilla por casilla”.
Los consejos distritales serán la única y última instancia responsable de aprobar y procesar los recuentos.
“El consejo distrital tiene que asumir su responsabilidad y tomar las decisiones en ese momento”, dijo Alanís.
Sin embargo, José Antonio Crespo aclaró que en la reforma, los legisladores no contemplaron un eventual recuento en caso de un resultado cerrado a nivel nacional.
María del Carmen Alanís reconoció el punto, pero recordó que el sistema electoral mexicano está construido a través de cómputos distritales.
Agregó que para la correcta operación del recuento voto por voto, será importante que el IFE incorpore en los lineamientos para los cómputos distritales, los criterios que ya definió el tribunal y que no quedaron en ley.
Por ejemplo, cuáles son las muestras de alteración en los paquetes electorales, los datos en blanco que pudieran afectar el cómputo, etcétera.
Recordó que el IFE ya aprobó el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales que contempla ampliar el número de integrantes de los grupos de trabajo encargados del recuento de votos.
Intervención de servidores públicos
José Fernández Santillán pidió a los magistrados aclarar si en 2012 se repetirá el factor de intranquilidad que llevó al TEPJF a dictar una sentencia según la cual, el presidente Vicente Fox Quesada había intervenido en la elección, pero ello no había sido determinante para el resultado electoral.
El magistrado Penagos recordó que en la elección presidencial de 2006, se solicitó el recuento total de votos “a nivel de declaraciones” y que sí hubo un nuevo escrutinio de votación, pero sólo en las 12 mil casillas solicitadas.
“El tribunal no podía actuar oficiosamente porque perdería su nivel de imparcialidad”, señaló.
Afirmó que para anular una elección tiene que probarse que las irregularidades fueron generalizadas.
“El vicio tiene que ser suficiente para desconocer la votación emitida en la elección. Tiene que probarse que el vicio fue generalizado”.
Alanís Figueroa reconoció la falta de la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, que implica una laguna legal, pero no quiere decir que no puedan detenerse las prácticas ilegales de los servidores públicos que pudieran vulnerar una elección.
“A través de jurisprudencias hemos definido qué y qué no pueden hacer los servidores públicos, porque la Constitución y la ley no fueron claros…Tenemos herramientas para ir tranquilamente a la elección”, indicó Alanis.
La comida incómoda
La presidenta del TEPJF reconoció que quedó “un mal sabor de boca” y “aprendió la lección”, luego de que los medios de comunicación dieran cuenta de una comida cuya finalidad, según el PAN, era llegar a un acuerdo con el PRI para no sancionar a Enrique Peña Nieto, por la emisión de promocionales en cadena nacional, con motivo de su quinto informe de gobierno.
En esa comida —realizada en marzo en casa de Alanís— también estuvieron presentes el consejero Marco Antonio Baños y el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada.
El PAN solicitó a Alanís Figueroa excusarse de participar en la votación del caso, del que además era ponente.
“No se probó que había convocado a una reunión para litigar a favor del gobernador. El PAN siempre ha sido un partido político respetuoso. Cuando los magistrados resolvieron que no estaba impedida, me reuní con el presidente (Gustavo) Madero Muñoz y acordamos que teníamos que seguir dándole credibilidad a la institución, reconocimiento. No hay un desconocimiento del PAN ni hacia el tribunal ni hacia su presidenta”, aseguró.
La magistrada aclaró que “las acusaciones deben probarse” y reconoció que los actores públicos deben estar en la agenda pública institucional.
“Aquí, la interpretación que se dio de una reunión, fue que yo convoqué para resolver un asunto. Eso nunca se probó”, insistió la magistrada presidenta.
Alfonso Zárate dijo: “Hay una norma que dice ‘Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas’” y le pidió ser más explícita sobre el contexto del encuentro.
“En mi actividad de relaciones institucionales y de tender puentes con actores políticos, con instituciones, como presidenta del Tribunal, comúnmente me reúno con legisladores, consejeros y académicos dentro y fuera de la oficina”.
Aclaró que las audiencias de oídas relativas a casos en litigio siempre se realizan en oficinas del TEPJF y que en su domicilio se ha reunido con cinco presidentes de partidos.
“A mí no me parecía correcto que se dijera, Alanís se reunió con priístas en su casa. Alanís se reunió para resolver el asunto de Peña”, detalló.
“¿Lecciones aprendidas? Sí, en términos de que las instituciones y los funcionarios públicos debemos ser mucho más cautos, que no parezca que estás litigando un asunto, pero yo les confirmo que no lo hago… ¿Quedó un mal sabor de boca? Yo creo que a todos… y considero que si el asunto se resolvió por la vía formal y hay una relación de reconocimiento a la institución hay que seguir en esa ruta”.
Dijo que un mes antes de la comida, ella había circulado un proyecto de resolución del caso y que el sentido de éste no cambió y agregó que el tribunal trabaja en una propuesta para hacer públicos los proyectos de fallo, una vez que sean distribuidos entre los magistrados electorales.
NO BUSCA ASIENTO EN LA CORTE
•María del Carmen Alanís no buscará un asiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que concluya su primer periodo como presidenta del TEPJF
•Alanís Figueroa fue designada magistrada por el Senado en 2006 y desde el 5 de agosto de 2007 se desempeña como presidenta del órgano
•Por acuerdo de los siete magistrados electorales, celebrarán una sesión pública el 10 de agosto para reelegir o en su caso, designar al sucesor de Alanís, a través de voto verbal y ganará quien obtenga cuatro votos
•Del 6 al 10 de agosto, el cargo de presidente del TEPJF será cubierto por el magistrado decano Alejandro Luna
Con información del Universal
