Persistencia de la exclusión
Juan Carlos Yáñez Velazco
El cuarto informe del presidente Felipe Calderón muestra los pobres avances del país en materia educativa. La educación sigue siendo un derecho no efectivo para un enorme grupo de mexicanos; para millones, una posibilidad perdida de manera irremediable conforme aumentan su edad; para otros tantos, se reduce a la oportunidad de una primera inscripción en el nivel educativo y su deserción temprana del aparato escolar, como antesala de la exclusión social o como corolario de la marginalidad.
Las cifras expuestas hace unos días no admiten el optimismo: el gasto nacional en educación disminuyó 0.7% con respecto a 2009; el índice nacional de analfabetismo de la población de 15 y más años es de 7.4%, menor a 2009 sólo en menos de 40 mil personas; los analfabetos y personas sin educación básica completa suman 33.4 millones, un millón más que al inicio del régimen de Vicente Fox, el 42.6% de esa población; finalmente, la atención al grupo etario disminuyó en 11.5% respecto al año anterior, es decir, que en 2011 tampoco habría mejoras en el indicador.
La cobertura en educación media superior (16-18 años) se estima hoy en 64.4%, pero la eficiencia terminal en bachillerato es de 62.9%, en otras palabras, a dicho nivel educativo ingresan dos terceras partes de los jóvenes en esa edad, y sólo terminan seis de cada diez. En suma, con ese comportamiento menos de la mitad de los jóvenes del siglo XXI tendrán un certificado de bachillerato.
En educación superior las cifras son más críticas. Las cuentas oficiales ubican la cobertura en 30%, y la eficiencia terminal ni siquiera aparece en el cuadro que muestra los indicadores más relevantes, de ese modo, el porcentaje de jóvenes mexicanos con un título de enseñanza superior podría estimarse apenas entre el 10 y el 15% del grupo de edad, panorama distante al de los países de semejante nivel de desarrollo.
Dirán, y con razón, que las cifras oficiales muestran avances, pero son nimios con respecto a los rezagos y los promesas. Son inobjetables también las tendencias, y los hallazgos en la investigación pedagógica y sociológica no avalan que estemos frente a un proyecto educativo para resarcir desigualdades sociales y escolares.
Las cifras anteriores y otras sólo documentan la fragilidad de un sistema social incapaz de dotar a sus ciudadanos de los beneficios de la instrucción mínima, consagrada en la Constitución y conferida a todos los hombres y mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el simple hecho de haber nacido.
Una conclusión es dolorosa en las cifras del cuarto informe presidencial: en México la educación no está garantizada a todos, ni todos los estudiantes tienen acceso a una buena formación. Lo único que tal estado de cosas garantiza es la perpetuación de enormes circuitos de desigualdad, así como la transmisión intergeneracional de pobreza y desesperanza. No hay que tener una bola de cristal: los pobres, principalmente ellos, seguirán siendo pobres, ignorantes y víctimas de la violencia. jcyanez.jc@gmail.com
