Colima.- Diversas organizaciones civiles respaldaron el exhorto para el gobernador aprobado en el Congreso local, para que éste impulse las acciones que desde el 29 de noviembre de 2008 mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.
Las Organizaciones no Gubernamentales que emitieron su respaldo son: el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la Asociación Colimense de Universitarias, Radar 4, el Centro Universitario de Estudios de Género, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, RDfine Colima, empresarias de AMMEEC-Colima y la asociación civil Mujeres y Periodismo.
El exhorto propuesto por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y llevada al pleno por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hace eco de la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres como un asunto de violación de derechos humanos, que comporta distintas formas de discriminación de género, replicadas de generación en generación bajo el influjo de la cultura patriarcal, en tanto vivencia subjetiva que se aprehende a través de la educación formal e informal, transversal a la edad, nivel de escolaridad, condición socioeconómica y ocupación.
El documento exige, de acuerdo con las competencias conferidas por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, al titular del ejecutivo del Estado y a las Secretarías General de Gobierno, de Desarrollo Social, Educación, Salud y Bienestar Social, de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría de Justicia del Estado, al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, al Instituto Colimense de las Mujeres, al DIF estatal y municipales, al CEPAVI y a los organismos, dependencias e instancias que integran también el Sistema Estatal, se realicen acciones colegiadas, con la confluencia de estrategias jurídicas, sociales, económicas, psicológicas y educativas puestas en juego en el proceso de atención a la violencia intrafamiliar y de género.
Con ello la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso local reconoce que si bien el estado de Colima registra avances legislativos e institucionales en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, éstos no se no se han traducido en solución integral que permita destrabar el nudo (familiar, escolar, comunitario) que estrangula y torna borrosa la perspectiva sobre la vida, el amor, la familia, la escuela y el disfrute pleno de los derechos humanos.
Prueba de ello es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), que registra que en Colima el 50.3% de las 236 mil 484 mujeres de 15 años y más sufren algún tipo de violencia, por lo que la entidad ocupa el segundo lugar en violencia sexual, con el 11.1%, en tercer lugar en dos tipos de violencia: la emocional, con un 45% de incidencia y económica, con el 27.2%, en tanto que en violencia física se ubica en 7 lugar nacional, con el 20.8%.
Si bien los institutos estatal y municipales de las mujeres, las casas de acogida o refugios, la asistencia médica y legal, los talleres de capacitación y materiales de difusión de los derechos humanos, han sido parte del repertorio de la amplia gama de acciones emprendidas hasta ahora, se trata, sin embargo, de experiencias aisladas respecto a los marcos de política pública que no alcanzan a impactar el quehacer del Estado.
En este contexto, los organismos de la sociedad civil y la academia que trabajan en procesos de atención, derivación, investigación, administración y procuración de justicia en casos de violencia contra las mujeres, decidieron respaldar dicho Exhorto, toda vez que en un Estado de Derecho es posible la polifonía de la acción interinstitucional, si existe voluntad y profesionalización permanente de sus agentes bajo estándares de competitividad y calidad basada en competencias, más allá de discursos, fotografías, posicionamientos, foros y conmemoraciones, que se engloban en lo que la voz popular define como lo políticamente correcto.
El documento que el Congreso turnará al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes, afirma que hay disposiciones jurídicas en materia de derechos humanos de las mujeres que aún no se cumplen, o se observan deficitariamente, lo cual en casos específicos, configuran una violencia más: la violencia institucional, incluso por omisión, que genera impunidad.
Por lo anterior, se insta al Ejecutivo estatal a asumir su corresponsabilidad en la permanencia del círculo de la violencia en el ámbito privado y social, mediante el proceso de coordinación interinstitucional que ordena el marco jurídico en la materia y eliminando los cuellos de botella donde se atora el avance de los derechos de las mujeres, particularmente, el derecho a vivir una vida libre de violencia.
La capacitación con perspectiva de género, permitirá al conjunto de profesionales de las diversas instancias, desarrollar una capacidad de respuesta sistémica, articulada entre sí y a largo plazo, que evite la atomización de asuntos sin resolver y la violencia institucional hacia las mujeres que acuden a ellas en busca de justicia. BP
