La tarde de este domingo, el secretario general de gobierno, Jesús Orozco Alfaro, y la procuradora del Estado, Yolanda Verduzco Guzmán, ofrecieron una rueda de prensa para aclarar algunos puntos con relación al operativo entre la PGJE y Marina pero no se dijo nada nuevo.
Por el momento se deslindaron de opinar detalles del operativo y se concretaron a informar que el operativo se realizó conjuntamente derivado de cierta información que se tenía en manos de la Armada de México que presumía la participación de los elementos presentados, en actividades al margen de la Ley.
“Por lo cual fueron sujetos a investigación, como igualmente se expresó en ese momento que si en el proceso de investigación no se encontraban elementos que los inculparan serían reintegrados a sus actividades…”.
“Al día de hoy tenemos conocimiento que los 13 elementos que fueron liberados presentaron una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos por la forma en que fueron tratados”.
Orozco Alfaro señaló que el gobierno está obligado y tiene toda la disposición de garantizar el respeto a los Derechos Humanos por lo que esperaran y serán respetuosos de los procedimientos en el tema para luego respetar los resultados que arrojen.
Dijo que la procuradora se reunió el pasado sábado con los judiciales detenidos y que les reiteró apoyarlos en su reinserción laboral si es el caso.
“El operativo en su conjunto, de acuerdo a la información con que disponemos, hoy podemos confirmar que 13 elementos fueron liberados y el resto, permanecen detenidos bajo la figura de arraigo, a las familias de los que oficiales arraigados se les ha informado por instrucciones del gobernador que se les dará el apoyo necesario para que puedan recibir la información personal y legal”.
La Procuradora, Yolanda Verduzco, no tomó la palabra en ningún momento de la rueda de prensa ofrecida en la sala de juntas de Casa de Gobierno.
A pregunta expresa no se contestó en qué términos legales de la detención, si hubo orden de aprehensión o no o pruebas, pues los recién liberados, fue por falta de pruebas, tampoco señalaron si tenían información y habían visto las lesiones que presentan los detenidos.
Estos cuestionamientos, dijeron, serán resueltos de acuerdo a las investigaciones y que no le compete al estado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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