Colima.- Como parte del fortalecimiento en materia de procuración de justicia y la tecnificación de sus procesos, el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, registra un avance del 85 por ciento en la construcción del laboratorio para el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y el Programa de Rastreo Computarizado de Armas (E-TRACE), con los cuales se reforzarán los mecanismos de combate al crimen organizado trasnacional, a través de la coordinación estrecha con la Procuraduría General de la República.
El proyecto de Huella Balística tiene su origen en los convenios de colaboración nacional e internacional y logra a través del sistema IBIS la recolección, registro y sistematización de imágenes y marcas microscópicas de la huella de una bala percutida, para facilitar la identificación del arma utilizada en la comisión de un delito y por medio de ésta la ubicación del probable responsable.
Con este tipo de sistemas que viene implementando la Procuraduría de Justicia para la actualización y modernización de sus procesos, el Ministerio Público contará ahora con pruebas periciales vanguardistas e inobjetables en la determinación del tipo de arma de fuego utilizada en un hecho delictivo.
En la actualidad son pocos los Estados que ya cuentan con este tipo de laboratorios para detectar la vinculación de armas posiblemente utilizadas en distintos escenarios criminales; es decir que con estas herramientas se puede obtener la identificación del tipo, origen y destino del arma utilizada, y a través de la labor pericial se contribuye en el análisis de la evidencia hallada en la escena del crimen y se garantiza que los delincuentes sean sometidos a la acción de la justicia.
Además, con la instalación del sistema E-TRACE la Procuraduría de Justicia podrá realizar rastreos computarizados de las armas de fuego aseguradas a la delincuencia organizada, manteniendo plena coordinación con la oficina de Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (ATF), sistema electrónico al que el gobierno mexicano tiene acceso desde el año 2005.
Por otro lado, de acuerdo al balance de acciones realizadas durante el año 2012, la Procuraduría General de Justicia logró cumplimentar 912 órdenes de aprehensión y reaprehensión, de las cuales 243 corresponden a delitos graves o de alto impacto como homicidio, robo calificado, violación y secuestro, y 624 delitos no graves.
Cabe mencionar que 45 de estos ordenamientos judiciales se cumplimentaron en coordinación con otros Estados de la República y con base en los convenios de colaboración interprocuradurías y los acuerdos internacionales para la extradición de personas que habiendo cometido algún ilícito en la entidad son localizados y detenidos en el extranjero. BP
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