La actitud de la presidenta del Instituto Electoral de Colima, Felícitas Valladares Anguiano, hacia los medios de comunicación cuando acudió el aspirante panista, Jorge Luis Preciado, a quejarse de una supuesta violación electoral del Partido Verde Ecologista, fue innecesariamente ríspida, descuidada en las formas básicas de la atención y el respeto.
Ríspida, pues olvidó su representatividad institucional y evidenció poco control anímico; desatenta, porque la ausencia de comedimiento la retrató autoritaria al negar el acceso a los reporteros y pedir su desalojo; y lo más grave para una autoridad que se erige en árbitro de los comicios, tiene la responsabilidad profesional y política de mostrar equilibrio en sus actitudes. De lo contrario, perderá esa cualidad en detrimento de la credibilidad del Instituto que, junto con otros consejeros, encabeza ante los ciudadanos y partidos.
Otro doble aspecto le es adverso: prohíbe, por un lado, la cobertura noticiosa a los medios y, por otro, organiza charlas como la del magistrado presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya, para que los periodistas tengan los elementos jurídicos pertinentes en su quehacer, particularmente en lo relativo a los derechos de ciudadanos y medios a la información, así como en la responsabilidad pública de los funcionarios a proporcionarla y rendir cuentas.
¿Quién? si no los Medios, podrían ser el mejor interlocutor con la ciudadanía de los hechos electorales.
El amedrentamiento y la arrogancia de la Consejera Presidenta es signo equívoco para los tiempos de apertura democrática y transparencia actuales. El hecho denota un desconocimiento total por parte de la titular del IEE sobre los requerimientos de los medios de comunicación sobre la cobertura informativa electoral, así como una política definida en la materia.
Es muy oportuno que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya iniciado de oficio una queja en contra del IEE y pedido a periodistas su ratificación por violación de derechos profesionales. Es una llamada de atención a tiempo, antes de que avance más el proceso electoral y surjan controversias innecesarias que alteren la convivencia ciudadana, máxime cuando el Instituto Electoral debe propiciar la pluralidad, auspiciar el respeto y ejemplificar con su desempeño cotidiano.
