Por Héctor Romero Fierro
Bajo el pretexto de la pobreza franciscana, Manuel Andrés López Obrador (MALO), informó que este año su equipo revisará los organismos constitucionales autónomos y la conveniencia de su continuidad.
En su show de stand-up “La Mañanera” del pasado 4 de enero afirmó: “Hay organismos supuestamente autónomos, independientes, que fueron creados durante el periodo neoliberal. Vamos este año a llevar a cabo una revisión de los institutos, sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas y en viáticos, el mismo Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos”.
Inmediatamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se posicionó justificando claramente la importante necesidad de que existan dependencias especializadas en transparencia y rendición de cuentas, tal y como existen en todo el mundo.
Debemos recordarle a MALO que los órganos reguladores y su autonomía no siempre han existido, sino que su justificación radica precisamente en la falta de confianza de la sociedad en el Poder Ejecutivo y la necesidad de maniatar al poderosísimo presidencialismo mexicano, ante lo cual se ha incorporado en la constitución.
Particularmente la transparencia se incorpora en la carta magna a raíz de una reforma impulsada por Reyes Heroles, como un pilar de la democracia y que se ha instrumentado como mecanismo que coadyuva en el combate a la corrupción que la 4T tanto dice combatir.
Asimismo, el INAI es el órgano garante que vigila el correcto uso de los datos personales; materia que cobra cada día más relevancia frente al fenómeno de la globalización y el cada día más frecuente uso de sistemas de procesamiento por los gigantes de la tecnología.
Pretender que la Secretaría de la Función Pública o la FGR absorban sus funciones es una aberración, desnaturalizando su misión y distrayendo sus esfuerzos de su objetivo prioritario.
Con el ánimo de mitigar las críticas a su propuesta, el Presidente se comprometió a que las respuestas de transparencia se cumplirán “fas tras”, en 72 horas. Aquí hay que decirlo claro, si la administración pública federal quiere hacer esto puede hacerlo, sin que sea necesario desaparecer organismos autónomos.
El INAI no responde solicitudes, sino que verifica la legalidad y, en su caso, prontitud de las respuestas de las dependencias públicas, evitando que estas sean juez y parte.
Ya decía Madison en el Federalista n° 51 que “si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno”.
Ante la ausencia de entes vigilantes como los organismos constitucionales el gobierno tendría el monopolio del poder y la tentación de abusar de él. ¿Qué podríamos esperar de la SFP en caso de que presidencia indebidamente hubiera determinado reservar información pública?
Solo como ejemplo, ya alguien solicitó la información de los acuerdos y contratos de adquisiciones de vacunas para el COVID con diversos laboratorios y la respuesta de MALO por conducto de Ebrard (SER) y Alcocer de la (SSA) fue “reservar” dicha información durante 5 años, por lo que no podremos, como en el caso de las famosas “pipas” conocer los detalles de esas operaciones hasta pasado ese plazo, sin embargo el solicitante tiene expedito su derecho a interponer un Recurso ante el INAI y, de ser procedente, se obligaría al gobierno federal a proporcionar la información.
A un gobierno opaco no le gusta la existencia del INAI. Ello, con independencia de la imposibilidad de cumplir los requerimientos de transparencia en las 72 horas prometidas en todos los casos.
La incongruencia de MALO es alarmante. Un día pregona la desaparición de las reservas y asegura “transparencia completa”; pero en la práctica demuestra la contrario. Sí, como fue el caso de el segundo piso del periférico del entonces Distrito Federal, los gastos del tour turístico de Evo Morales, el Informe de la Refinería Dos Bocas o las obras de la Central Avionera de Santa Lucía o el Tren Maya, que al involucrar al ejercito en su construcción se niega a proporcionar información con la excusa de que ésta es vital para la seguridad nacional. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Qué esconden?
En donde más opacidad existe es en el ramo de adquisiciones, una investigación de conocido periódico nacional señaló que 171 compañías surgieron en este sexenio (MALO) y han logrado contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales y del total de contratos asignados a esas empresas el 71% fueron asignados por adjudicación directa, pero si un ciudadano solicita información acerca de ello se procura a toda costa la reserva, apostando las unidades de transparencia a que el solicitante desista y no acuda al INAI.
Si la justificación es la necesidad de ahorro debería realizarse un trabajo minucioso y técnico, derivado de evaluaciones y auditorías de desempeño de los programas y políticas de la administración pública federal. Ejemplo de ello es el reclutamiento desordenado de voceros y comentócratas del régimen obradorista en Canal 11. Cuando es necesario un bisturí el gobierno parece optar por el hacha.
En otro tema, en Jalisco imperó la soberbia de Alfaro y M.C., al impedir la gran alianza electoral que permita la mayoría en la cámara de diputados federal impulsada por “Va por México”. Lo curioso es que son quienes más resentirán la ausencia de coaliciones en la zona metropolitana de Guadalajara, arriesgándose a perder importantes municipios que en este momento gobiernan. En Zapopan solo podrán ganar si optan por un candidato del equipo de Pablo Lemus que dé continuidad al excelente trabajo desempeñado en por él.
