CRISIS CARCELARIA  ( Invirtiendo en los penales, se protege a la sociedad)

TAREA PUBLICA
Por: CARLOS OROZCO GALEANA

Ha transcurrido dos semanas desde que el 25 de enero  hubo hechos de sangre que causaron nueve muertos, más de una decena de heridos y enlutaron a numerosas familias de quienes purgaban o cumplen condenas en el Cereso de Colima, sacudido  por una violencia jamás vista y que debiera llamar la atención   a las autoridades para emprender una mejoría en muchos de los aspectos desfavorables que ahí acontecen.

Para empezar, podría revisarse el número de reos para introducir criterios nuevos en cuanto a su estancia en alguna u otra área interna,  diferenciar por ejemplo la habitabilidad de su población en función de los delitos  que se hayan cometido y que se estén costeando, porque es claro el riesgo de quienes hicieron  delitos no graves conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad, lo que da lugar a “aprendizajes”  que impiden la necesaria readaptación.

Las cárceles son un problema en todo el país. La mayoría están súper pobladas y a eso contribuye un sistema judicial que avanza a pasos de paquidermo dando lugar a estancias más prolongadas de los reos  debido a juicios largos que debieron agotarse en menor tiempo o porque los sentenciados no tienen recursos para tramitar su liberación teniendo derecho.

Otro problema más es el autogobierno que se instala a paciencia de autoridades que ven hacia otro lado cuando sabe que se  forman bandos que  controlan y mandan en los penales imponiendo su ley. No pocos enfrentamientos internos obedecen precisamente a la disputa de áreas interiores o simplemente por pertenecer unos y otros a bandos delincuenciales distintos.

Además, la parte económica presiona el buen vivir en ellas.  Hay quejas frecuentes de alimentación insuficiente y sin la carga proteínica que se requiere. La pandemia, por su parte, desnudó la poca previsión en el cuidado de la vida de los internos pues muchos se enfermaron de covid y, naturalmente, hubo  muertes que lamentar aunque no fue el caso de Colima.

Hay otro aspecto digno de comentarse: las cárceles, en su mayoría están convertidas en centros de operación de delincuentes que pagan penas y se la siguen arreglando para cometer, en combinación con sujetos de su misma o peor calaña, estén presos o no,   delitos graves como extorsiones, asaltos o secuestros.

En fin, todo un paquete para las autoridades es el de mantener un control estricto sobre la vida interna de las cárceles donde confluyen conductas inapropiadas de dentro y fuera de ellas sin que  las autoridades se percaten de la des mejoría  de condiciones   que provocan riñas o motines. Todos los problemas en las cárceles deben enfrentarse con una gran organización y una administración carcelaria eficaz y eficiente, con labores de inteligencia y con acciones a tiempo pues no tomar decisiones cuando las circunstancias lo ameritan provoca situaciones  dolorosas como la recientemente vivida en el Cereso colimense.

El  gobierno estatal va comenzando en su sexenio, está en vías de conocer a profundidad lo que ahí acontece y ha dispuesto ya algunas inversiones para mejorar su vida interna,  pero tiene una bomba de tiempo con el desorden latente del penal. En la dirección del Cereso se requiere un funcionario con un perfil especifico que comprenda experiencia en el ramo penitenciario y además que ya reúna cierta experiencia.

Hay también tareas pendientes en lo concerniente a las políticas de liberación. Luego de que los jueces ordenan la libertad anticipada por  los reos, no  hay un sistema de seguimiento sobre el modo de conducirse de ellos estando afuera. Se ignora si realmente rectifican en su vida o si  continúan por senderos equivocados.   En otros países, se supervisa sobre el comportamiento de  las personas que obtienen su libertad y tratan de reinsertarse en la sociedad, hay políticas de cuidado, diseñadas para que los excarcelados encuentren el camino de una vida dignificante. ¿Por qué no copiamos el modelo norteamericano?

El humanismo que promueve el Estado en otros órdenes, ha de alcanzar a los penales donde los internos sufren todo tipo de inclemencias e injusticias. Cada reo tiene el derecho de reinsertarse, de ser útil; tiene derecho al perdón pues pagó y cumplió  por los delitos que haya cometido.

No son, en esta tesitura, material de desecho, sino personas  de carne y hueso, con capacidades para rehacer su vida. Están llamados, pues, a una convivencia fraterna.

El Estado ha de invertir lo necesario en los penales y así protegerá de paso a la sociedad, pues no se olvide que muchos delitos se cometen  desde adentro con absoluta impunidad pues la corrupción sigue estando presente en sus ambientes.