Un juez del Tribunal Supremo español decidirá el lunes si dos activistas por la independencia de Cataluña y ocho exmiembros del gabinete separatista destituido el mes pasado deben quedar en libertad luego de escuchar su apelación.
Los 10 solicitaron comparecer el viernes para prometer que cumplirán la ley y renunciarán a las iniciativas independentistas unilaterales a cambio de su libertad.
La mayoría de los 10 investigados prevén ser candidatos en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno español tras intervenir el gobierno de la comunidad autónoma en respuesta a una declaración de independencia de parlamentarios catalanes a finales de octubre. La campaña comienza oficialmente el lunes a medianoche.
España destituyó al gobierno regional y tomó otras medidas sin precedentes para frenar la crisis política más grave en casi cuatro décadas de democracia.
La Audiencia Nacional había decretado la prisión preventiva de los 10 mientras se investiga su participación en el proceso secesionista.
Los ocho políticos, incluido el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, afrontan posibles cargos de rebelión, sedición y malversación, que pueden conllevar décadas de prisión. Están entre las personas que lideraron los eventos previos a la declaración de independencia firmada en octubre en el Parlamento regional de Cataluña.
El expresidente regional, Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno están en Bélgica y tratan de combatir su extradición por cargos similares.
«Os queremos en casa. Debéis salir de prisión porque nunca debisteis haber entrado. Haced lo que sea necesario para salir. Tenemos mucho que hacer», escribió el viernes Puigdemont en Twitter.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de las organizaciones independentistas de base Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente, están acusados de sedición por su papel en manifestaciones en Barcelona el pasado septiembre que entorpecieron una investigación judicial sobre los preparativos para celebrar un referéndum de independencia el 1 de octubre.
Después de la audiencia, los 10 regresaron a las cárceles en las afueras de Madrid para aguardar la decisión del juez Pablo Llarena.
El fiscal y demandantes de un pequeño partido de derecha pidieron al juez que ratifique la prisión preventiva porque sus declaraciones no eliminaron el riesgo de fuga o de reincidencia en sus delitos en un futuro próximo.
El abogado defensor Jordi Pina, quien representa a dos de los exfuncionarios y a Sánchez, expresó la esperanza de que se los deje en libertad luego de su promesa de acatar la Constitución, que consagra la indisolubilidad del país.
Simpatizantes y colaboradores del partido de los acusados dijeron que se había reunido dinero para pagar de inmediato si el juez establece una fianza para liberar a los políticos y activistas.
El expresidente catalán Artur Mas dijo que comprende la estrategia de la defensa de renunciar a las actividades políticas que pudieran ser contrarias a la constitución, pero criticó la decisión del gobierno en Madrid de tomar el control de la región tras la declaración unilateral de independencia el mes pasado.
«Cualquiera que está en la cárcel injustamente tiene todo el derecho del mundo de desarrollar un argumento que conduzca a la libertad», dijo Mas a la prensa frente al Tribunal Supremo en Madrid, donde acudió con una decena de políticos para apoyar a los presos.
Las encuestas prevén una elección reñida el 21 de diciembre entre partidarios y adversarios de la independencia, pero a la vez revelan que el ganador deberá negociar apoyo para formar gobierno.
