La Paz, Bolivia.- El pasado viernes 8 de octubre fue aprobada en el Estado Plurinacional de Bolivia la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual tiene por objeto «establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Esta Ley basada en los principios de Interculturalidad, Igualdad, Equidad y Protección, establece como discriminación a “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial; estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional.”
La Ley plantea la implementación de una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación a través de los distintos ámbitos de la educación, la administración pública, la comunicación, la información, difusión y el ámbito económico. Dentro del marco de la Ley, el artículo 16° señala que «el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación». En tanto que el parágrafo segundo del artículo 23, establece que cuando la difusión o la incitación al racismo o discriminación «sea cometida por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno» para evitar su enjuiciamiento.
Estos artículos han sido objeto de críticas, debates y resistencias por parte de empresarios y periodistas pertenecientes a medios de comunicación privados, así como de la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), quienes días atrás se han venido manifestado en diversos puntos del país para oponerse a estos dos artículos, al señalar que esta Ley tiene como fin «violar la libertad de prensa y contar con un instrumento que le permita al Ejecutivo combatir a los que no comparten sus ideas», enfatizando que «no hay democracia sin libertad de expresión.» Ante ello, el Presidente Evo Morales quien también ha sido víctima del racismo al ser maltrado por su condición de «indio analfabeto e ignorante», ha reiterado que el Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, y que «este privilegio de todos no debe ser confundido como un sinónimo de racismo y de discriminación.» Asimismo, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, Evo Morales aseveró que el racismo es un «problema estructural que debe acabar porque es un resabio de un pasado colonial que daña a la unidad del país».
En medio de este ambiente de tensión política, la Ley también ha sido respaldada por diversas organizaciones sociales, sindicales y campesinas, así como también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia. En ese sentido, Organizaciones de campesinos originarios declararon el viernes como un «día histórico» por la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, porque a su juicio, «ahora muere la discriminación y nace una nueva vida en el país». señaló el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite.
Pese a la aprobación de dicha Ley por parte de más de dos tercios de los senadores, el viernes pasado Gremios de periodistas impulsaron un recurso constitucional para intentar revocar los artículos 16° y 23° a través de la recolección de 1,2 millones de firmas de la ciudadanía, lo que les permitiría canalizar una consulta popular, a la vez que pretenden elevar sus reclamos a instancias mutilaterales como la Organización de Estados Americanos. Pese a tales iniciativas, Evo Morales reiteró el sábado su convocatoria a los representantes de los periodistas a participar en la reglamentación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y a no dejarse influir por los empresarios del sector: «Tienen que entender que la libertad de expresión no es para emitir conceptos racistas y de desintegración nacional, sino impedir que ese mal se mantenga en Bolivia». Aseveró.
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