Colima.- El Congreso del Estado reformó este martes la ‘Ley de la burocracia’, para reconocerle la categoría de trabajador al personal adscrito a las direcciones de seguridad pública y vialidad municipales, y puedan acceder a una jubilación.
Presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el dictamen con las modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima fue aprobado por unanimidad.
La intención de la reforma es que desde la propia Ley queden garantizados y reconocidos los derechos que como trabajadores del estado y los municipios tienen los agentes policiacos y de vialidad.
Con esto se evitarán problemas en la interpretación de la norma, en detrimento de los propios trabajadores.
La iniciativa, fue presentada por la diputada independiente Martha Meza Oregón.
La legisladora señaló en la propuesta de Reforma que la ley expresa la facultad de los ayuntamientos a aprobar las jubilaciones de los trabajadores sindicalizados, de base y de confianza, por lo que estimó necesario reconocerles expresamente la categoría de trabajadores a los integrantes adscritos a las direcciones de Seguridad Pública y Vialidad Municipales y del Estado.
“Al no existir un dispositivo legal que reconozca de manera expresa la calidad que de trabajador tiene todo miembro de los distintos cuerpos policíacos en el estado y municipios, ha traído como consecuencia que en los tribunales laborales y en el contencioso-administrativo del estado, se presente un problema de interpretación de la norma, en cuanto a si los integrantes de los cuerpos de seguridad pública deben o no ser considerados trabajadores para los efectos legales”, expresó.
El dictamen señala que la propuesta está fundamentada en la Constitución Mexicana, sin embargo existe esa laguna jurídica en la ‘Ley de la burocracia’.
El diputado Roberto Chapula de la Mora mencionó que cuando los trabajadores adscritos a las direcciones de seguridad pública acudan a demandar justicia ante los tribunales por la negativa de las autoridades a pensionarlos o jubilarlos, con la reforma se instituye la obligación de que los reglamentos de las diversas corporaciones policiales en el estado y municipios, regulen el derecho a jubilarse y pensionarse.
“No cabe lugar a dudas que el derecho a jubilarse, entre otros, que gozan los trabajadores de confianza, son derechos de seguridad social, por tanto al aprobarse la iniciativa estamos dando cumplimiento al mandato constitucional, en cuanto a instrumentar sistemas complementarios de seguridad social a favor de los miembros de las corporaciones policiacas”, expresó.
