Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR para que investigue operaciones financieras consideradas de riesgo; la medida es preventiva y no implica responsabilidades penales acreditadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y que, a consideración de la autoridad, requieren una revisión por parte de las instancias competentes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles 4 de noviembre que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, como resultado de los análisis financieros realizados por la UIF en el ámbito de sus atribuciones.
De acuerdo con el comunicado, la dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que investigue las operaciones detectadas y determine si existen posibles responsabilidades conforme a derecho.
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una declaración de culpabilidad ni una resolución penal contra las personas o empresas involucradas.
La dependencia agregó que quienes fueron incorporados a dicha lista cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La decisión se produce en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral y relaciones entre proveedores y organismos electorales, un asunto que también ha derivado en revisiones de auditoría y acciones de las autoridades del Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, la UIF no detalló en su comunicado los nombres de las personas y empresas incluidas en la lista, los montos de las operaciones identificadas ni los proveedores específicos relacionados con la medida.
La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de las tareas de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en coordinación con las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.
La determinación de eventuales responsabilidades corresponderá a las instancias competentes, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
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