TAREA PÚBLICA
Por: Carlos OROZCO GALEANA
Por estos días, como es del conocimiento público, las instituciones educativas avanzan a marchas forzadas en la conformación de sus programas de trabajo para presentar un rango operacional que sustente sus propósitos de calidad y que los alumnos tengan el más alto aprovechamiento. El reto es enseñar mediante el uso de tecnologías ante la ausencia de los maestros en las aulas.
Lo hacen en un ambiente crítico en muchos sentidos. Los problemas de salud y económicos están gravitando en decisiones sobre qué estudiar, en dónde y cómo sufragar los gastos que la actividad educativa exige. Un millón 400 mil estudiantes no proseguirán sus estudios según la Organización de las Naciones Unidas.
En ese universo de problemas en que se debate la educación, las instituciones tienen que definir correctamente sus alcances, o sea ofrecer oportunidades al máximo al mayor número de estudiantes sin descuidar los parámetros de asistencia.
En ese plano, es importante que no se rechace a ningún alumno que pretenda estudiar, sea de cualquier procedencia territorial o por aspectos de clase social. Todo mundo tiene derecho, con sus saberes, a estudiar y formarse para una vida profesional conveniente. Por ello, la Universidad de Colima, fiel a su carácter popular, no rechazará a quienes hagan examen de ingreso a bachillerato o licenciatura y aplicará la política de “Rechazo Cero”, tal cual se denomina el programa de Sep para que los estudiantes que no lograron colocarse en una primera opción puedan hacerla en la segunda. En la misma tesitura están el Tecnológico de Colima, la Universidad Tecnológica de Manzanillo y con toda seguridad la Universidad Pedagógica Nacional.
Esta política de apertura educativa es correcta además de muy importante. Claro, hay algunos inconvenientes como el de que quienes no lograron su primera opción, se mantengan todo un año en otras instituciones estudiando lo que primeramente no desean para intentar conseguirla lo que quieren el siguiente, lo que significa que se puede quitar un lugar a quienes sí tienen el perfil requerido pero cuyo sitio fue ocupado por alguien al que no le interesa más que “hacer tiempo.”
Se presentará también el problema de cupo en las escuelas que ya tienen a su población seleccionada y que de pronto tienen que ampliar espacios, lo que equivale a contratar más maestros, algo que se dificulta mucho cuando en las oficinas donde eso se define no hay respaldo financiero.
Dar cabida a la población estudiantil que presenta bajos promedios, entre 7 y 8, es todo un reto. Muchos jóvenes arrastran deficiencias en su formación, no saben redactar correctamente tan siquiera un párrafo y, el colmo, no comprenden ni saben dar una explicación de lo que leen.
De cualquier modo, es positivo que el gobierno local instrumente esa política de apertura, de rechazo cero, porque permitirá que cientos de jóvenes no se queden sin estudiar y prefieran continuar el camino de formación que dedicarse a otras actividades acaso no legales.
Debe haber en los gobiernos, en estos momentos, mucha comprensión hacia los jóvenes. No deben descuidarse, pagamos muy caro las desatenciones y sentenciamos al país a una situación de locura. Veamos nada más las tasas de delitos y comprobaremos que más del 60 por ciento de los que en ellos intervienen son sujetos menores a los treinta años.
Huelga decir que en los jóvenes nos jugamos el futuro. Son una fuerza que le dará al país capacidades grandiosas en unos años, pero es menester que las universidades cumplan a cabalidad y, en su momento, los orienten en forma conveniente. No son tiempos de desperdiciar recursos, tampoco de confusiones.
Si las universidades públicas cumplen con esa apertura, habrá más equidad y justicia, pues llegan a ellas jóvenes de todas las regiones de Colima y con un gran potencial. Llegan con ilusiones, como llegó un día a la Universidad de Colima un joven estudioso, como Mario Anguiano Moreno, quien fue gobernador gracias a su dedicación sin límites y a una trayectoria política consistente. Y además, por su sensibilidad humana.
