Un tribunal alemán determinó el jueves que el ex presidente catalán Carles Puigdemont puede ser dejado en libertad bajo fianza mientras se decide si será extraditado a España, al afirmar que el cargo más oneroso en su contra no es punible bajo la ley alemana.
El juzgado en la región de Schleswig declaró que Puigdemont, de 55 años de edad, podrá salir de la prisión donde está confinado en el norte de Alemania previo pago de 75.000 euros (92.000 dólares). No se sabe por ahora cuándo Puigdemont saldrá en libertad.
Puigdemont fue detenido en Alemania en base a una orden de arresto española cuando iba en auto desde Finlandia a Bélgica el 25 de marzo. Había huido a Bélgica luego de haber sido destituido de su cargo y acusado de sedición por el gobierno central, por haber intentado declarar la independencia de su región.
Las autoridades españolas acusan a Puigdemont de rebelión y de malversación de fondos públicos, al organizar su referéndum no autorizado sobre la posibilidad de que Cataluña se separe de España.
La fiscalía alemana argumentó hace pocos días que la acusación de rebelión equivale al delito de traición en el código penal alemán. Las leyes alemanas estipulan cárcel para todo el que “intente, mediante la fuerza o la amenaza de fuerza» socavar la existencia de la república o alterar su orden constitucional.
Sin embargo el jueves, el tribunal alemán disintió al dictaminar que Puigdemont no puede ser extraditado por rebelión. Determinó que el caso de Puigdemont no llega a la altura de usar la fuerza o de emitir amenazas peligrosas para las autoridades.
“Este no es el caso aquí”, dijo el tribunal en un comunicado.
Los jueces alemanes considerarán la posibilidad de extraditar a Puigdemont en base al cargo menos grave de malversación de fondos públicos. Explicaron que no han indicios de que el dirigente catalán “esté en riesgo de persecución política”.
El tribunal decidió que, debido a que no puede ser extraditado por rebelión, disminuye la posibilidad de que se dé a la fuga, y por lo tanto puede ser dejado en libertad bajo fianza.
En Madrid, el gobierno español declaró que respetará la decisión.
“El gobierno no opina sobre las decisiones judiciales. Las respeta siempre; cuando le gustan y cuando no”, dijo un vocero del gobierno español.
“El gobierno está convencido de que la justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante estas nuevas circunstancias para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país», añadió la fuente que pidió no ser identificada.
Horas antes la justicia española había acusado de sedición al exdirector de la policía autonómica de Cataluña y a otros responsables de seguridad de la región por su papel en los eventos que llevaron al ilegal referéndum de independencia de octubre pasado.
Según el auto de acusación der la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, el exdirector de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, formó parte de un plan organizado para procurar la independencia de Cataluña, lo cual está prohibido por las cortes porque la Constitución dice que España es «indivisible».
La presentación de cargos es otro golpe legal contra los independentistas de la región, que tienen la esperanza de crear un nuevo país. Las cortes españolas han bloqueado varias veces los intentos de independencia y han presentado cargos contra quienes apoyan la secesión.
Trapero fue elogiado en Cataluña por su papel en la gestión de los letales ataques islamistas que sacudieron la capital catalana, Barcelona, y varias localidades próximas, el verano pasado, pero fue criticado fuertemente cuando las autoridades nacionales de España pidieron a su fuerza policial regional que evitara el referéndum del 1 de octubre, que desató la peor crisis política española en décadas.
