TAREA PUBLICA
Por: Carlos OROZCO GALEANA
A estas alturas, tendríamos que ganar un poco de calma si los órdenes de gobierno y los municipios en lo particular se esmeran en cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Los últimos tiempos han sido muy difíciles en esta área, a grado tal que a Colima ya no se le conoce como la entidad tranquila, bulliciosa, hospitalaria, grata, sino como un lugar donde la vida vale poco o casi nada.
El miércoles pasado, el gobernador Ignacio Peralta entregó certificados policiales a 465 personas que se desempeñan como oficiales de guardia, y custodia, como ministeriales y policías en los diez municipios.
El porcentaje alcanzado en este tipo de reconocimiento es del 94 por ciento, lo que equivale a un esfuerzo grande para alcanzar niveles de confianza y que la población se sienta más protegida. Es muy importante que los municipios costeros trabajen con más ahínco y se decidan a invertir en la formación policial y principalmente convertirla, con mejores salarios y prestaciones, en un trabajo digno.
En este punto, se observa los afanes concretos de los ayuntamientos de Colima y Manzanillo, que han puesto interés en certificar a sus policías dotándolos de una preparación más alta y avanzando hacia la consolidación de un modelo de policías de proximidad, tarea en la que el de Colima desempeña un papel de vanguardia. Es importante lo que dijo la alcaldesa Griselda Martínez: queremos que los policías aspiren no solo a un trabajo sino a una profesión digna “para que no se toquen puertas equivocadas”, esto es, que no se desvíe un ápice, ninguno, de un comportamiento honesto.
No es ocioso recordar que es en nuestra franja costera donde hay una mayor incidencia delictiva. La colindancia con poblaciones de Jalisco y Michoacán, ha contribuido al desborde de la violencia, a una migración ininterrumpida de personas con gran capacidad delictiva que se han asentado en nuestro territorio y generado muerte, terror e inestabilidad. Tenemos que lidiar con eso, estructurando los programas y las acciones necesarias para garantizar no solo el buen vivir, sino las condiciones requeridas para que Colima siga progresando sin miedos ni desconfianzas de parte de actores económicos, ni de la población en general.
En un artículo anterior, escribí que en estos tiempos tan convulsos que vivimos, nuestro municipio capital ha mantenido condiciones favorables para el buen vivir. Mantiene expectativas favorables y una intención firme de su Ayuntamiento de humanizar los servicios institucionales y desarrollar una cultura de cuidado de los habitantes mediante la policía de proximidad y el cuidado de gente vulnerable. “El alcalde Leoncio Morán sabe que la vida en sociedad es imprescindible para ser verdaderamente humanos, para vivir y convivir civilizadamente. Esto significa convertir la política en un instrumento de práctica y doctrina de la vida buena y justa”, escribí.
Como bien lo dice Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo polaco recién fallecido, la confianza en nuestro tiempo ha sido sentenciada a una vida llena de frustraciones, no recibe un buen estimulo porque se han roto las reglas y nadie cree en nadie, ni en los hechos mismos. Es importante por ello que toda autoridad trabaje en generar buen ánimo con sus políticas para que la gente sienta que vale la pena vivir en un determinado lugar. La confianza en el gobierno es un elemento básico que garantiza la convivencia sana.
En este contexto crítico, conviene apresurar la instalación del C5 como un instrumento de control de actividades ilícitas. Operarlo, llegado el momento, con eficacia sin permitir que manos o intereses ajenos a la dinámica de buen gobierno se interpongan en lo que es una tarea impostergable pues la falta de vigilancia y control de la criminalidad ha desencadenado cientos de muertes cada año en Colima ( entre 600 y 750).
Llegado el momento de la operación de esa infraestructura, el gobierno tendrá el reto de estructurar sus servicios con estándares confiables, que los mandos o los controladores sean personas profesionales, honestas, que generen confianza. No vayan a poner, luego, a delincuentes disfrazados de servidores públicos, que suelen enrolarse en esos sitios para perturbar o anular las políticas institucionales y servir a intereses ajenos al pueblo.
Que no se quite el dedo del renglón. La población está muy lastimada y exige resultados. Colima no puede vivir más en la inseguridad, en el miedo y la desesperanza.
