APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hay algo profundamente inquietante cuando un gobierno comienza a mirar a los periodistas como un problema que debe ser clasificado.
No porque los periodistas sean intocables. No lo somos. Algunos Medios también se equivocan, también puede ser tendenciosos, también puede responder a intereses, también puede publicar información falsa. Y precisamente por eso existe el periodismo: para contrastar, verificar, preguntar, corregir y volver a preguntar.
Pero una cosa es cuestionar al periodismo y otra muy distinta es vigilarlo, etiquetarlo y construir categorías para explicar quiénes son las voces que incomodan al poder.
Y eso es lo que vuelve particularmente preocupante la reciente exhibición de nombres de periodistas y medios críticos desde el entorno del Gobierno mexicano.
Primero aparecen los nombres. Después los medios. Luego se intenta explicar que no se trata de una lista, sino de un supuesto “ecosistema de amplificación digital”.
El problema es que cambiarle el nombre a una lista no cambia lo que representa.
Si desde el poder se identifica quién publicó, quién comentó, quién replicó y quién habló sobre determinado asunto, entonces ya no estamos solamente frente a un análisis del comportamiento de las redes sociales. Estamos frente a un ejercicio de identificación de las voces que están haciendo periodismo sobre un tema que al gobierno le resulta incómodo.
Y ahí está el verdadero problema. Porque pareciera que ahora también debemos explicarle al poder algo tan elemental que resulta absurdo tener que hacerlo: que varios periodistas hablen del mismo tema no significa que exista una conspiración para amplificarlo. Significa que el tema es noticia de interés público. Y en este caso no puedo llamarlo ignorancia o desconocimiento del ejercicio periodístico, es con toda la intención, maldad.
Si diez reporteros cubren un homicidio, no forman un “ecosistema de amplificación”. Si veinte medios investigan un caso de corrupción, no forman una red de propaganda. Si treinta periodistas cuestionan una decisión del gobierno, no están necesariamente coordinados.
Están haciendo PERIODISMO.
La noticia tiene una característica incómoda para cualquier gobierno: no pide permiso para existir.
Cuando ocurre un hecho de interés público, los periodistas lo cubren. Cuando una declaración genera consecuencias, se informa. Cuando aparece una denuncia, se investiga. Cuando existe una contradicción entre lo que dice una autoridad y lo que muestran los documentos, se pregunta.
Y cuando un gobierno toma una decisión que afecta a millones de personas, naturalmente habrá muchos periodistas hablando de ella al mismo tiempo.
No porque alguien nos haya convocado. Sino porque ese es nuestro trabajo. El problema no es que la prensa coincida; el problema sería que dejara de hacerlo.
Hay una paradoja que debería preocuparnos.
Durante años hemos hablado de la concentración de medios, de la uniformidad editorial, de la falta de pluralidad. Y ahora parece que el poder pretende presentar como sospechoso exactamente lo contrario: que diferentes periodistas, desde diferentes medios y con diferentes líneas editoriales, coincidan en que un asunto merece cobertura.
¿Desde cuándo el interés periodístico compartido es una conducta sospechosa?
¿Desde cuándo cubrir una misma noticia constituye una forma de amplificación indebida?
¿Acaso cada reportero debería esperar a que otro deje de hablar de un tema para poder hacerlo?
¿Tendremos que pedir permiso para coincidir? La prensa no funciona así.
El periodismo tiene agendas propias, pero también tiene algo mucho más importante: criterios periodísticos. La relevancia de un acontecimiento, el interés público, la gravedad de una denuncia, la magnitud de una decisión gubernamental, la existencia de documentos, testimonios o evidencias.
Eso es lo que determina que una noticia se cubra. No una llamada desde una oficina. No una instrucción partidista. No una coordinación clandestina. Y mucho menos el miedo a aparecer en una lista.
Pero la lista presentada por la Consejera Jurídica de la Presidencia de México, es más grave que su explicación de que no se trataba de enlistar a la prensa incómoda.
Porque incluso si aceptáramos la explicación oficial de que se trataba solamente de identificar dinámicas digitales, hay una pregunta que permanece: ¿Por qué identificar precisamente a periodistas y medios críticos?
El poder tiene recursos infinitamente mayores para analizar las redes, estudiar tendencias y comprender cómo circula la información. Pero cuando el resultado de ese ejercicio termina exhibiendo nombres de periodistas que han cuestionado al gobierno, la pregunta deja de ser tecnológica.
Se vuelve política. Y la política, en estos casos, tiene una frontera muy delicada: la que separa la observación de la intimidación. No hace falta que alguien diga explícitamente: «Te estamos vigilando.»
A veces basta con mostrar que saben quién eres, qué publicas, dónde trabajas y qué temas estás cubriendo. La amenaza más eficaz no siempre llega en forma de amenaza. A veces llega como una lista. Y entonces aparece el Derecho a las Audiencias
Por eso este episodio no puede analizarse de manera aislada.
Llega justamente cuando el país discute un proyecto impulsado desde el gobierno para regular el llamado Derecho a las Audiencias, una iniciativa que, bajo una formulación que puede sonar legítima y hasta necesaria —proteger a las audiencias—, abre preguntas enormes sobre quién determinará qué debe decir un medio, cómo debe hacerlo y bajo qué criterios podrá ser sancionado.
Porque una cosa es proteger al ciudadano frente a la manipulación informativa. Y otra es construir un mecanismo desde el poder para decirle a los medios cómo deben ejercer el periodismo. La frontera es demasiado importante como para dejarla en manos de la buena voluntad de quien gobierna.
Porque los gobiernos cambian. Los presidentes cambian. Los partidos cambian. Pero las herramientas de control permanecen.
Y lo que hoy puede parecer una herramienta diseñada para vigilar a los medios que incomodan al gobierno en turno, mañana podría estar en manos de un gobierno que incomode todavía más. Por eso la defensa de la libertad de expresión no debería ser una causa de izquierda o de derecha. Debería ser una causa democrática.
La última trinchera Hace poco escribí en este mismo espacio que la prensa se ha convertido en una de las últimas trincheras de la democracia. Lo sigo creyendo. No porque los periodistas seamos mejores que los políticos. No porque tengamos siempre la razón. Sino porque una sociedad sin periodistas que puedan preguntar libremente termina dependiendo de una sola versión de la realidad: la versión de quien tiene el poder.
Y ahí comienza el verdadero peligro. Porque un gobierno democrático no debería preguntarse cómo callar a quienes lo critican, sino cómo conseguir que sus actos resistan las preguntas de quienes lo vigilan.
El poder debería acostumbrarse a ser observado. A ser cuestionado. A ser contradicho. A aparecer en primera plana por razones que no controla. Eso es la democracia.
Y quizá por eso resulta tan revelador que hoy tengamos que defender algo tan básico como el derecho de varios periodistas a interesarse por la misma noticia.
No somos un ecosistema de amplificación. Somos periodistas.
Y si mañana todos decidimos investigar el mismo asunto, publicar sobre el mismo caso y hacer las mismas preguntas, no significa que alguien nos haya organizado. Significa que quizá hay una noticia demasiado importante como para que la prensa la ignore.
Porque el periodismo no tiene la obligación de ser cómodo para el poder. Tiene una obligación mucho más sencilla y mucho más peligrosa: contar aquello que el ciudadano tiene derecho a saber. Y el poder debería recordar algo que a veces parece olvidar: la prensa no le pertenecemos al gobierno. Le pertenece a la verdad.
