Maltrato animal en Colima: una reflexión criminológica, bioética y desde la psicología jurídica
Por: Guillermo Ramírez Zavala
El reciente caso de maltrato contra el caballo conocido como “Wimpi”, ocurrido en la comunidad de El Trapiche, municipio de Cuauhtémoc, no debe leerse únicamente como un episodio aislado de crueldad animal.
Su relevancia pública no radica solo en la indignación que provocó el video difundido en redes sociales, sino en lo que el hecho revela sobre la forma en que una sociedad observa, tolera, denuncia o interviene frente al sufrimiento evitable de un ser vivo.
El maltrato animal constituye una conducta de riesgo social, esto no significa que toda persona que agrede a un animal necesariamente escalará hacia otras formas de violencia; sin embargo, sí permite identificar patrones preocupantes de insensibilidad, dominio, impulsividad, abuso de poder, desregulación emocional, normalización de la crueldad y ausencia de límites normativos. La violencia ejercida contra un animal vulnerable expresa una relación desigual donde quien tiene poder sobre otro ser vivo decide causarle dolor, miedo o sufrimiento.
Por ello, el análisis no debe reducirse a la pregunta de quién cometió el hecho, también debe preguntarse qué condiciones permitieron que ocurriera, qué mecanismos comunitarios fallaron, qué rutas institucionales existen para denunciar, qué tan preparada está la autoridad para actuar, qué capacidad de resguardo tiene el Estado y qué seguimiento se dará para evitar que estos casos queden únicamente en la indignación momentánea.
La viralización del caso permitió activar una respuesta institucional: denuncia formal, apertura de carpeta de investigación, resguardo del animal y atención veterinaria. Sin embargo, una política pública no puede depender de que un video circule en redes sociales. La protección animal no debería activarse solo cuando existe presión social. Debe existir una ruta clara, accesible y permanente para reportar, documentar, canalizar y dar seguimiento a los casos de maltrato, abandono, crueldad u omisión de cuidados.
El bienestar animal parte de reconocer que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, estrés, hambre, angustia y sufrimiento. La pregunta ética no es solamente si una conducta viola una norma, sino si una sociedad está dispuesta a permitir sufrimiento innecesario cuando tiene posibilidades reales de prevenirlo.
En este punto, el caso “Wimpi” interpela directamente la responsabilidad pública. Un caballo no puede denunciar, no puede defenderse jurídicamente, no puede acudir a una autoridad ni explicar el sufrimiento que experimenta. Su protección depende de la sensibilidad social, de la acción de testigos, de la intervención de autoridades y de la existencia de instituciones capaces de actuar con oportunidad.
El maltrato animal tampoco debe entenderse como un asunto menor frente a otros problemas de violencia. Al contrario, debe integrarse a una visión más amplia de cultura de paz, prevención de la violencia y fortalecimiento comunitario. La forma en que una sociedad trata a los seres vivos más vulnerables revela mucho sobre sus estándares éticos, su capacidad de empatía y su disposición para limitar el abuso de poder.
En Colima, el Código Penal contempla sanciones para actos de maltrato o crueldad injustificados contra animales domésticos o adiestrados. Esa previsión legal es importante, pero no suficiente. La ley penal llega tarde: aparece cuando el daño ya fue producido. Por eso, la respuesta debe incluir prevención, educación, registro, atención veterinaria, coordinación municipal, acompañamiento jurídico, seguimiento de casos y generación de datos.
La indignación social que produjo el caso debe transformarse en política pública, no basta con castigar al agresor cuando se le localice; también es necesario construir mecanismos para que estos hechos se denuncien oportunamente, se documenten adecuadamente, se atiendan de forma profesional y se prevengan desde la comunidad.
El caso “Wimpi” nos recuerda que la violencia contra los animales no es una anécdota. Es una expresión de crueldad que compromete la ética pública, la seguridad comunitaria, la salud social y la responsabilidad institucional. La verdadera pregunta no es solo qué ocurrió con este caballo, sino qué vamos a hacer como sociedad para que el siguiente caso no dependa de un video viral para ser atendido.
Mtro. Guillermo Ramírez Zavala
Especialista en Psicología Jurídica y Desarrollo de Políticas Públicas en Salud Mental
