Por qué es necesaria la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Colima
Por: Mtro. Guillermo Ramírez Zavala
En medio de una creciente preocupación social por el abandono histórico de las personas con sufrimiento psíquico o problemas de consumo, la iniciativa de Ley de Salud Mental y Adicciones promovida por la diputada Karen Jurado, así como el Dr. Guillermo Blanco y el Mtro. Guillermo Ramírez Zavala destaca como una propuesta normativa con fuerza estructural, claridad jurídica y sensibilidad social.
Lejos de ser un documento simbólico o meramente declarativo, esta iniciativa consolida un marco legal robusto, técnicamente fundamentado y alineado con estándares internacionales, lo que la posiciona como una de las propuestas legislativas más completas en la materia a nivel estatal. Estas son sus principales fortalezas:
La iniciativa reconoce la salud mental y el acompañamiento en adicciones como derechos humanos exigibles, no como prestaciones asistenciales. Esto obliga al Estado a garantizar atención integral, oportuna, digna y libre de estigma para todas las personas, sin importar su condición social, económica, jurídica o cultural. Propone la creación de un sistema propio, articulado e intersectorial, con competencias claras entre instituciones, municipios y organismos autónomos, lo que permitiría superar la fragmentación actual en la atención. Se prevé su articulación con otros sistemas: salud, justicia, seguridad, desarrollo social y educación.
La iniciativa prioriza estrategias de prevención, promoción y atención comunitaria, rompiendo con el modelo centrado en la hospitalización y que resulta excluyente. Plantea la creación de redes locales, centros comunitarios y dispositivos territoriales que acerquen los servicios a donde más se necesitan. No se trata de hablar «por» las personas con padecimiento mental o consumo problemático de sustancias, sino de reconocerlas como sujetos de derechos con capacidad de decisión. La ley garantiza su voz en el diseño de servicios, la toma de decisiones sobre el tratamiento y el monitoreo de políticas.
La iniciativa incorpora un enfoque diferenciado para atender a niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas en situación de calle o reclusión; adultos mayores; pueblos originarios; personas LGBTQ+ y otras poblaciones vulneradas, con acciones específicas. La ley establece deberes concretos para las autoridades: formación de personal, campañas públicas, asignación de presupuesto, generación de datos, evaluación de políticas, y seguimiento de casos. Además, fomenta la participación de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, municipios y sector privado.
Se aleja de los modelos de criminalización o “internamiento obligatorio” y propone tratamientos con enfoque de reducción de daños, acompañamiento comunitario y elimina el uso forzado de tratamientos farmacológicos o de otro tipo, promoviendo alternativas sostenidas por evidencia científica.
En suma, la propuesta de ley impulsada por Karen Jurado no sólo llena un vacío legal, sino que redefine el papel del Estado en la protección de la salud mental como un asunto de justicia social. Representa un avance legislativo con base técnica, sensibilidad política y perspectiva transformadora. Si se aprueba y se implementa con la fuerza que plantea su contenido, Colima puede convertirse en referente nacional de legislación con rostro humano.
Mtro. Guillermo Ramirez Zavala
Especialista en Psicología Jurídica y desarrollo de políticas públicas en Salud Mental
