Colima.- El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Armando Zamora González, explicó a diputadas y diputados locales el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado (Sefidec).
En reunión de trabajo, el Auditor Superior del Estado mencionó que producto de los resultados de la revisión, el Osafig presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de 10 exfuncionarios del Sefidec y dos empresas, por la probable comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido de los recursos públicos y falsedad ante autoridades no judiciales.
Explicó que la denuncia de hechos es por los más de 25 millones de pesos detectados como probable daño a la hacienda pública, “cantidad que, de acuerdo a las indagatorias, es susceptible de que llegue a los 52 millones de pesos”.
Zamora González mencionó que de una cuenta del Banco del Bajío a nombre de Sefidec sin registro en lo contabilidad del organismo, se ingresaron recursos económicos por el orden de 52 millones 703 mil 765 pesos, detectándose transferencias electrónicas y la emisión de cheques por un monto superior a los 25 millones de pesos.
Indicó que de esa cantidad se distribuyeron cheques para su cobro entre cinco funcionarios de Sefidec, por un monto de 9 millones 867 mil 295 pesos.
Informó también sobre la entrega ilegal de un apoyo económico extraordinario por 10 millones de pesos a la empresa NPG Latam, que instalaría en Tecomán una planta armadora de televisores inteligentes, cuya transferencia se hizo a través de esa cuenta de Banco del Bajío sin quedar registrada en la contabilidad del Sefidec, sin contar con la autorización del órgano de gobierno de dicho organismo y sin que mediara contrato del crédito.
Dijo que todo ello le impidió al Sefidec contar con la posibilidad de recuperar esa dinero por la vía judicial, pues al no haber autorización del órgano de gobierno del organismo ni contrato ni garantía de por medio, se generó un menoscabo patrimonial al no concretarse la inversión prevista.
Además de ese apoyo extraordinario por 10 millones de pesos a NPG Latam, se hizo una aportación adicional del Gobierno del Estado por 13 millones de pesos, autorizado en un convenio de colaboración, más dos créditos por 5 y 2 millones de pesos, cuya suma de 7 millones ya fue dada a pleito, pues Sefidec ya presentó la denuncia penal para su recuperación.
Explicó que aunque el daño económico detectado en esta revisión fue de 52 millones de pesos, que fue la totalidad de recursos ingresados a la cuenta de Banco del Bajío, el Osafig sólo acreditó el cobró de más de 25 millones de pesos, por ello la denuncia penal y las propuestas de sanciones económicas resarcitorias directas son por esa última cantidad.
A la reunión de trabajo con el auditor superior del Estado, que fue coordinada por Santiago Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, estuvieron los diputados Nicolás Contreras, Federico Rangel, Luis Ladino, Joel Padilla, Martha Sosa, Leticia Zepeda, Adrián Orozco, Eusebio Mesina, Juana Andrés, Mirna Edith Velázquez, Javier Ceballos, Crispín Guerra y Norma Padilla. BP
