México.- El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), Andrea Ambrogi Domínguez, presentaron el reporte sobre la Impunidad en México en el que se destaca que de los delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
Otra cifra que llama la atención es que de la cifra de delitos consumados, en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
Otros resultados que se derivan de este estudio son:
• El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.
• El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.
• En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global
• El porcentaje de homicidios cometidos entre el número de homicidios registrados en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5%.
• El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.
Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX)
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. El IGI y el IGI-MEX miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
El IGI-MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran 5 estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Algo que detectó el índice, es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas.
Caso Colima
De acuerdo al IGI-MEX el estado de Colima se encuentra en operación parcial de la transición al Sistema Penal Acusatorio. Actualmente tiene un 57% de avance de armonización normativa. De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cuatro delitos del fuero común más recurrentes en Colima, son: Robo a casa habitación; Robo de vehículo; Otros robos; y Narcomenudeo y lesiones
Asimismo, la entidad se sitúa en noveno lugar por homicidios a nivel nacional, con 44.58 por cada 100 mil habitantes.
De las 32 entidades federativas, el estado de Colima presenta uno de los porcentajes más altos de cifra negra (90.3%) es decir los delitos no denunciados, lo cual confirma el clima de inseguridad y desconfianza hacia los órganos gubernamentales.
El estado de Colima, presenta debilidades en las dimensiones funcionales del Sistema de Justicia y de Seguridad. Específicamente en la dimensión funcional de seguridad, se observa que en comparación con la media nacional, el estado registra muchos más delitos (1656.9 frente a 1444.9), sin embargo el porcentaje de encarcelados por homicidio es menor (21.6%) a la media (27.5%), es decir hay deficiencias y ausencias en el procesamiento de delitos o se pone mucha más atención en la resolución de delitos menores, ya que a diferencia de los homicidios, el porcentaje de encarcelados por robo es mucho mayor que en la media nacional (22.1% frente al 10.3%).
Con respecto a las fallas en la dimensión funcional del Sistema de Justicia, se puede señalar poca transparencia o procesos poco eficientes, por ejemplo de las causas penales en primera instancia se registran números mayores que los presentados a nivel nacional (0.34 frente a 0.13), de igual forma el porcentaje de reclusos sin sentencia es mayor (60.6% frente al 35.7%).
De las 32 entidades federativas, el estado de Colima es uno de los que presenta mayores inconsistencias y vacíos en la información, esto se ve reflejado en la construcción de la “cadena de impunidad” y el análisis de las dimensiones e indicadores.
Este trabajo fue coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP. El documento completo puede ser consultado en ww.udlap.mx/igimex
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