El gobierno de Guatemala pidió a México que se investiguen los hechos ocurridos el pasado 16 y 22 de diciembre, donde migrantes centroamericanos fueron supuestamente secuestrados por el crimen organizado.
En una nota diplomática enviada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que lo ocurrido es la prueba de la “escalada de violencia en contra de la comunidad migrante”, por lo que ha solicitado información oficial sobre los sucesos, así como la realización de una investigación de fondo, “que busque deducir responsabilidades y castigar a los culpables”.
“Guatemala condena vehementemente éstos y cualquier otro acto que violente los derechos fundamentales del ser humano y ponga en riesgo la integridad física y moral de las personas migrantes sin importar su situación migratoria”, señala una nota emitida por la Cancillería guatemalteca.
Según el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Guatemala en México y de su sección consular entrevistó a varios guatemaltecos que pudieron escapar del secuestro, ocurrido el 16 de diciembre, quienes proporcionaron datos para la investigación.
Reiteran el interés de su gobierno por el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia a los migrantes que transitan por territorio mexicano, tales como la creación de una fiscalía especializada en el tema.
El pasado 21 de diciembre, la cancillería de El Salvador denunció en un documento la desaparición de 50 migrantes de «diversas nacionalidades» que fueron secuestrados el 16 de diciembre por un grupo de hombres armados, que interceptó un tren de carga en la localidad de Chahuites, en el estado mexicano de Oaxaca
«De enero a diciembre de 2010, el gobierno de El Salvador ha denunciado en reiteradas ocasiones hechos similares que constituyen claras violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, por los cuales ha pedido a las autoridades mexicanas investigaciones exhaustivas», decía el documento.
Días después, el sacerdote Heyman Vázquez denunció el secuestro de 9 migrantes más en Oaxaca.
Tres de los nueve migrantes lograron escapar, cinco permanecen desaparecidos y uno, identificado como el salvadoreño Fermán Villatoro, fue asesinado, según informaron las autoridades.
El 24 de agosto pasado, integrantes de la Marina mexicana encontraron una fosa con los cadáveres de 72 migrantes indocumentados en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país. Entre las víctimas había guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos, salvadoreños y brasileños.
Tras el hallazgo, condenado por gobiernos de América Latina y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México admitió que los migrantes que ingresan a su territorio son blanco potencial de grupos del crimen organizado, que los secuestran y extorsionan para obtener recursos e, incluso, reclutarlos.
El 31 de agosto, el gobierno mexicano presentó su Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, en la que plantea incrementar la colaboración entre niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para proteger a los extranjeros en México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo del gobierno mexicano, señala en un informe que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 fueron secuestrados 9,758 migrantes, en ocasiones con la complicidad de las autoridades.
En al menos 35 casos, los migrantes fueron detenidos por policías que no los llevaron ante autoridades migratorias, sino que los entregaron a grupos criminales.
Con información de CNN.
