Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una investigación sobre el origen y crecimiento de un grupo empresarial vinculado con los hermanos Hernández Casillas, al que señaló por concentrar contratos de proveeduría electoral durante casi tres décadas y mantener relaciones comerciales con organismos electorales de distintas entidades del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, de acuerdo con una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, las empresas relacionadas con estos empresarios comenzaron a participar en contrataciones electorales desde hace 27 años y fortalecieron su presencia entre 2014 y 2023, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum sostuvo que el objetivo es esclarecer cómo se concentraron las contrataciones de material electoral en un grupo reducido de proveedores y pidió investigar posibles irregularidades.
“Lo primordial es que se investigue y que se transparente la adquisición de paquetería electoral”, señaló.
Contratos por más de 2 mil 700 millones de pesos
Al presentar los resultados de la investigación, Raquel Buenrostro explicó que los antecedentes del grupo empresarial se remontan a la década de los ochenta, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La funcionaria detalló que en 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, mientras que en 1992 se creó Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Entre los antecedentes mencionados destaca que, en 1999, Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México y que en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos con el instituto electoral de esa entidad.
Posteriormente, entre 2012 y 2013, las empresas ampliaron su participación en contrataciones con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
La investigación presentada por Buenrostro señala que, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas por un monto de 2 mil 94 millones de pesos.
En tanto, durante 2024 y 2025, ya con Guadalupe Taddei al frente del INE, la misma red empresarial habría obtenido contratos por otros 646.3 millones de pesos, correspondientes a 15 organismos electorales estatales.
De esta manera, los montos expuestos por el Gobierno federal suman aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos.
Señalan vínculos con el partido SOMOS
Buenrostro también expuso presuntas conexiones entre los antecedentes de este grupo empresarial y el partido político SOMOS, en el que participan personajes relacionados con la estructura electoral de años anteriores.
Entre ellos mencionó a Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de esa organización; Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, quien ocupa la titularidad de su Centro de Formación y Profesionalización Política.
Sheinbaum sostuvo que las investigaciones deben abarcar los antecedentes de las contrataciones y no concentrarse únicamente en la actual integración del INE.
Aclaró que no se trata de eximir de responsabilidades a Guadalupe Taddei ni a otros funcionarios, sino de investigar a todas las personas que pudieran haber participado en posibles irregularidades.
Proponen fortalecer a Talleres Gráficos de México
Como parte de las medidas anunciadas, la presidenta informó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con la incorporación de más dependencias federales e instituciones académicas a su Consejo de Administración y la participación de la Auditoría Superior de la Federación como observadora.
La propuesta busca que el material electoral pueda fabricarse en esta empresa del Estado, mientras que otros insumos sean adquiridos mediante contrataciones con empresas mexicanas.
Por su parte, Raquel Buenrostro explicó que, debido a la autonomía del INE, corresponde a sus instancias de control y al Congreso intervenir en la revisión de posibles irregularidades. También señaló que la Auditoría Superior de la Federación podría identificar faltas administrativas y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, agregó, analiza mecanismos para prevenir que esquemas similares se reproduzcan en las contrataciones de la Administración Pública Federal.
