México.- Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen a la minuta que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política y establece el Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar hechos relacionados con la corrupción.
La Cámara de Senadores remitió a los congresos estatales, para su aprobación, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción.
Previamente, senadores del PRI, PAN, PRD y PT realizaron un debate para discutir el contenido del dictamen, donde manifestaron sus posturas al respecto.
En contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, señaló que con el nuevo sistema el Presidente de la República seguirá “intocado”, pues no se le considera susceptible de responsabilidad administrativa y se le dota de impunidad; además, el nuevo andamiaje institucional será controlado por el Ejecutivo federal y los tres partidos mayoritarios.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que es ineludible insistir en una reforma que elimine el fuero, ya que representa uno de los compromisos pendientes para corresponder a las exigencias y reclamos que la sociedad hace, “porque nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones”.
El senador del Partido Acción Nacional, Fernando Torres Graciano, refirió que la corrupción le cuesta al país 341 millones de pesos al año, por lo que este ordenamiento permitirá avanzar en el combate a este fenómeno, que no sólo repercute en la economía, sino que socava la legitimidad de las instituciones y afecta la posibilidad de desarrollo integral de los pueblos.
En favor del dictamen, el senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que si bien se establecen nuevas reglas para acabar con este cáncer que lacera a la sociedad, no es la solución para abatir la corrupción; para ello, es necesario cambiar el modelo y sancionar penalmente a quienes hagan mal uso de recursos públicos sin importar el partido al que pertenezcan.
Al hablar en pro, el senador del grupo parlamentario del PRD, Zoé Robledo Aburto, dijo que “hoy vivimos en la más grave crisis de credibilidad de la que se tiene registro en los tiempos modernos”, ya que la corrupción se “pavonea” en la vida diaria y se ha convertido en un problema ético, político y jurídico.
En favor del dictamen, la senadora Laura Rojas Hernández, del PAN, aseguró que la reforma no se quedó corta en lo que buscó reformar. Además, planteó crear un grupo plural de legisladores que trabaje durante el receso, a fin de no detener el trabajo sobre la materia.
En el mismo sentido, la senadora del PRI, Diva Gastélum Bajo, resaltó que en el combate al problema de corrupción México está en los estándares internacionales; al mismo tiempo, recalcó que la participación ciudadana es fundamental.
A su vez, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, lamentó que este proyecto no contemple la desaparición del fuero, pues esta figura se ha constituido como un permiso para afectar el equilibrio que debe existir entre los poderes de la Unión.
El senador Javier Corral Jurado, del PAN, dejó en claro que la enmienda sólo contempla sanciones administrativas y no penales, por lo que cualquier interpretación de cárcel para los corruptos es una magnificación que hace daño a la misma reforma, sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno “para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda”.
El senador del PRI, David Penchyna Grub, indicó que a partir de estas modificaciones al marco constitucional se podrá prevenir, investigar, consignar y sancionar los catos de corrupción en el país, a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. “De lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público”. BP
