Argentina está desde hace casi quince días bajo la extensa nube de cenizas que sigue exhalando, desde Chile, el volcán Puyehue, y que ocasionó la muerte a miles de ovejas, abortó la temporada turística invernal y liquidó la producción agrícola del año. Pero junto a las noticias de portada que muestran a miles de pasajeros varados fuera y dentro del país, destaca otra noticia que ha ido creciendo desde el 25 de mayo: una presunta estafa millonaria que habría realizado el ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
Por estas horas, el juez federal Norberto Oyarbide investiga si el ex apoderado de Madres y regente de la construcción de viviendas sociales que llevaba adelante la Fundación bajo el nombre de Promesas Compartidas, cometió los delitos de lavado de dinero, defraudación al Estado y asociación ilícita, con los fondos que el gobierno nacional había destinado a esa institución para que realizara el emprendimiento.
Schoklender quedó en medio de sospechas luego de su repentino alejamiento de la organización que comanda la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafinii, y de que trascendiera la existencia de numerosos cheques sin fondo y un sinfín de propiedades a su nombre —un yate, dos jets, autos de primeras marcas y viviendas lujosas— que no condicen con su sueldo de 1,200 dólares mensuales.
La historia de Schoklender es conocida por todos en Argentina: pasó buena parte de su vida en prisión por el doble homicidio de sus padres, cometido junto con su hermano Pablo, en 1981. En la cárcel —donde se recibió de abogado en una facultad que él mismo creó— conoció a Hebe de Bonafini quien, ni bien salió de prisión, lo contrató para trabajar en la informatización del archivo de Madres y se lo llevó a vivir a su casa con ella y su hija Alejandra.
Así, desde un lugar de “hijo”, Schoklender fue acrecentando su poder, al punto de que hubo denuncias que lo sindicaban como “el monje negro” de la Fundación, a pesar de haber sido el mentor de la Universidad de las Madres.
Según una investigación del periodista Nelson Castro, una de las hipótesis más firmes habla de una mesa de dinero que Sergio Schoklender y Pablo, su hermano y socio, habrían armado para generar un circuito financiero en negro para la empresa Meldorek, que resultó de su propiedad. Esta empresa habría actuado como financiera prestando el dinero asignado a la construcción de las viviendas del proyecto “Sueños compartidos”. Luego ese dinero era reingresado en el circuito en blanco pero no así los intereses, que habrían ido a parar a sus bolsillos.
En medio del escándalo, Hebe de Bonafini hizo una presentación judicial de ocho páginas pidiendo “cárcel para siempre para Sergio Schoklender y su hermano Pablo, a los que acusó de encabezar una asociación ilícita que se apoderó del dinero de la Fundación y lo colocó en “cuevas” financieras para su beneficio personal. En su escrito afirmó, entre otras cosas: “Somos un grupo de mujeres que tiene desde 1980 más de 90 años de edad en promedio. Que hemos llevado, desde el secuestro y desaparición forzada de nuestros hijos, bajo la dictadura militar y la instalación del terrorismo de Estado, una permanente lucha por la búsqueda de nuestros hijos y por la responsabilización de los criminales”.
En las últimas horas, un informe presentado por la diputada Fernanda Reyes, integrante de un partido opositor al gobierno y miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, denunció que las viviendas sociales construidas por Meldorek, la contratista de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tenía sobreprecios de hasta 256% y que sólo se han construido 143,959 viviendas de las 420,000 que se pactaron (35%), a pesar de haberse destinado ya casi todo el presupuesto.
Reyes dijo que en el Plan Federal de Construcción de Viviendas hay “discrecionalidad en el manejo del dinero, sobrecostos en su ejecución y falta de transparencia para conseguir la información”.
El caso Schoklender parece ensombrecer el triunfo del candidato oficialista Daniel Filmus a la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una elección que tendrá lugar el 10 de julio y que será la prueba piloto de las presidenciales de octubre a las que la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner todavía no se proclamó candidata.
Con información de Milenio
