Proponen diputados que por Ley gobiernos prefieran a empresarios locales

Con una reforma a la Ley de Adquisiciones, los diputados del PRI, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo propusieron que las entidades públicas estatales y municipales prefieran a los  proveedores colimenses respecto a los foráneos.

Esto incluso ofreciendo diferenciales de precio de hasta el 7 por ciento, así lo expuso en tribuna el diputado del PRI, Francisco Zepeda, quien presentó esta propuesta en el pleno.

En este punto de acuerdo establece que en la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, bienes y servicios, se preferirá, en igualdad de circunstancias, a las personas físicas o morales de Colima, estipulando diferenciales de precio en favor de las empresas locales de hasta el cinco por ciento.

“Ante la expansión comercial desmedida que se vive hoy en día producto de la globalización y con el propósito de que los inversionistas locales se encuentren en posibilidades de competir con las grandes empresas comerciales en un plano de equidad y que no se ponga en riesgo su viabilidad financiera”, especificó.

Turnada a comisiones para su análisis, la iniciativa considera necesaria la reforma del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, a efecto de, en aras de mejorar el gasto público, proteger e incentivar las inversiones en la entidad.

Zepeda González estimó que en incremento moderado y viable de un 2 por ciento como el que se propone, implicaría una serie de beneficios y ventajas, tanto para los empresarios locales, como para el Estado.

A los primeros, se les colocaría en mejores condiciones de competitividad respecto de las empresas foráneas que se han ubicado en el territorio estatal; y al Estado y sus municipios, les beneficiará que mas empresas paguen sus contribuciones en nuestro territorio y, por ende, impactaría en una mayor derrama económica.

Dijo que las leyes de adquisiciones de Aguascalientes, Veracruz y el Distrito Federal, autorizan incluir en las bases de licitación un porcentaje diferencial de precio de hasta el diez por ciento a favor de las empresas locales de dichas entidades.

Finalmente, aclaró que la iniciativa prevé que la aplicación del derecho de preferencia en el proceso de adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, quedaría condicionada a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal que corresponda, ya sea a la administración estatal o municipal.

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