Manzanillo.- José Durán Vera, presidente del Comité Agrario Permanente, lamentó la explotación minera del país y exigió que se repongan las hectáreas explotadas en Michoacán tras la extracción de metal que ya no podrán ser utilizadas para la agricultura.
“A nadie le conviene la desaparición del campo”, declaró en el encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con organizaciones nacionales de productores rurales.
“El déficit alimentario se debe a políticas incorrectas y a que las empresas transnacionales imponen precios en el mercado que afectan la libre competencia local y subordina la economía campesina. Por ello se debe impulsar el campo al centro y sur de México, ampliar bodegas, otorgar transporte, modernizar equipo y crear una banca de desarrollo”.
Para Durán Vera hace falta cumplir los compromisos hechos en mesas de atención al campo, definir precios justos de comercialización, que el agua de las presas vaya al campo, pagar los adeudos con CFE y atender la crisis de los cafetaleros; “sólo así funcionará la reforma agraria”, finalizó.
En el mismo sentido, Isabel Cruz Hernández, representante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, cuestionó el estancamiento del campo en el país y explicó que se debe a políticas que frenan desarrollo económico y social.
“Sagarpa reduce sus apoyos sólo a grandes empresas como Minsa, Bachoco y Maseca”, lo que deja de lado a pequeños productores y aleja la inversión de las zonas rurales.
“El 25 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras lo que desertifica los campos y evita que estos sean reutilizados en la agricultura”, dijo Isabel Cruz, por lo que demandó derechos y oportunidades para la agricultura campesina, fortalecer los ejidos y dialogar a favor del campo.
José Jacobo Femat, presidente de Organizaciones Nacionales Rurales y Pesqueras, pidió revisar el marco jurídico para recuperar la autonomía del campo.
“La primer reforma agraria de la historia es contrario a los intereses y genera desestabilización y violencia en las comunidades. Se necesita un modelo de desarrollo rural que genere crecimiento, empleos, sustentabilidad y garantice el progreso. El marco jurídico debe ser justo e integral, con programas que repartan las tierras equitativamente, evitar intereses económicos de empresas privadas y cancelar los convenios con empresas mineras, pues estos factores afectan la producción agraria”.
Jacobo pidió abiertamente a Enrique Peña Nieto que se aplique la Ley Agraria y se cumplan los puntos de desarrollo nacional.
Finalmente, Gerardo Sánchez García pidió que se establezcan precios nacionales multianuales, seguridad en las hectáreas para agricultores, rentabilidad y certidumbre en precios y métodos de comercialización, así como capacitación, tecnología y mayores financiamientos.
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