Colima.- La procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, solicitará al Ejecutivo Estatal proponga una reforma legal para reducir a 16 años la edad penal, en virtud de que cada día más menores de edad son “utilizados” por la delincuencia organizada en la ejecución de delitos, como homicidio, secuestro, violación, robo, narcomenudeo y haciendo funciones de “halcones”.
Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, con motivo de la glosa del Segundo Informe del gobernador Mario Anguiano, la procuradora manifestó que está por concluir un estudio integral para convertir esa propuesta en una política pública, que respete los derechos humanos y los convenios internacionales en materia de protección de los derechos de los niños y niñas.
Verduzco Guzmán informó que en 2011 se cometieron 16 homicidios dolosos en contra de mujeres, de los cuales se han esclarecido ocho, y de esa cifra, cinco casos fueron consignadas bajo la reforma penal que estableció la figura de feminicido.
René Rodríguez Alcaraz, secretario General de Gobierno, informó que el conflicto limítrofe se atiende puntualmente, motivo por el que el primero de septiembre de 2011 se creó la Coordinación Especializada.
“Defenderemos, con la fuerza de la razón jurídica, cada milímetro de nuestro territorio. Convencido estoy de que esta Soberanía se suma a esta causa”, dijo el funcionario estatal.
Tras señalar que no obstante el combate a la delincuencia organizada sea una responsabilidad del gobierno federal, el Ejecutivo del Estado se ha comprometido a recuperar el Colima seguro, por ello se ejecuta un programa estratégico, elaborado con la asesoría de expertos y con la participación de elementos operativos de las dependencias del área de seguridad, tomando como base las propuestas recabadas del foro “Encuentros por la Seguridad”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila, informó que derivado de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Constitución Mexicana, en Colima el procedimiento para depurar las instituciones de seguridad se sigue con estricto apego a la normatividad federal y local, respetando las garantías individuales.
Indicó que el proceso continuará hasta que todos los elementos cuenten con su certificación y sean declarados aptos para continuar con sus funciones.
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