Colima.- Los señalamientos de partidos políticos, organizaciones civiles y empresariales acerca de la ilegalidad en la aprobación de un crédito por más de mil 700 millones de pesos para el Gobierno del Estado, fueron conjuntados en una demanda de acción de inconstitucionalidad, suscrita por los diputados locales del PAN y la diputada de MC.
En rueda de prensa, la coordinadora de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Martha Sosa Govea, informó que este lunes 19 de octubre, los diputados Gabriela Sevilla Blanco y Riult Rivera Gutiérrez presentaron esta demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este recurso, que debía ir acompañado de la firma de por lo menos nueve legisladores, tiene como objetivo que el máximo órgano jurisdiccional deje sin efecto el decreto aprobado por la anterior Legislatura para autorizar la contratación del nuevo empréstito, demostrando que es inconstitucional.
Sosa Govea aceptó que es posible que el juicio en la SCJN tarde mucho, por lo que desde el Congreso local impulsan la pronta integración de la Comisión de Seguimiento a este crédito, que estará integrada de la siguiente manera:
- Un diputado del PRI y uno del PAN.
- Los titulares del Osafig, así como la encargada del área de vigilancia, y de la Secretaría de Finanzas.
- Dos observadores ciudadanos propuestos por organismos de la sociedad civil, en este caso, COPARMEX y el Colegio de Contadores.
Es decir, en tanto se decreta la inconstitucionalidad del empréstito, la actual Legislatura vigilará la aplicación de los recursos, y el castigo de los diputados que lo aprobaron, a través de la acción popular, presentada la semana anterior por la sociedad civil organizada.
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