Julio Magaña Cervantes, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, dio a conocer que no son necesarias las reformas que pudiera suplir la Ley tanto de las aportaciones de inscripción a escuelas como la de la violencia de las escuelas, expuesta ante el Congreso por el diputado Nicolás Contreras Cortés.
De acuerdo a Magaña Cervantes no existen cuotas de inscripción como el diputado Contreras Cortés habría mencionado que en puntos de acuerdo, en los que pretendía que la Asociación de Padres de Familia, fuera requerida para rectificar que no sean obligadas las personas que no tienen recursos suficientes para hacer las aportaciones.
“Hacer la aclaración que no existe tal obligación; ningún alumno ni padre de familia tiene porque pagar una cuota, la propia Ley General Particular de Educación del Estado, establecen un capítulo de la participación social de la educación, para que los padres de familia hagan aportaciones que deseen”, ahondó.
Y estableció que estos son para mejorar la infraestructura escolar o de alguno de los planes y programas que conjuntamente los padres de familia deseen ejecutar al interior de las escuelas.
Magaña Cervantes dejó en claro que en Colima, el aspecto económico no será la causa por la que un alumno deje de recibir el servicio educativo, y aclaró que es competencia sólo de los padres de familia mediante sus asociaciones el manejo de estos recursos
Comentó que no hay una denuncia de padres de familias, a quien se le ha negado acceso educativo a partir del pago de cuotas
Informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido lineamientos de los nuevos Consejos de Participación Social en la Educación.
“Uno de los objetivos es transparentar el manejo de los recursos y cada escuela deberá, en la tercera semana de septiembre, tener integrados estos consejos cuya función además es explicar a los padres de familia de la comunidad escolar el fin y manejo que se les da a los recursos que las estancias gubernamentales le hacen llegar a las escuelas, para el desempeño o para programas especiales”, aseguró.
CONTRA SANCIONES POR BULLYING
Por otro lado, también el presidente de la Asociación de Padres, fue determinante al expresar no estar de acuerdo con lo expuesto por el diputado Nicolás Contreras, quien habría expuesto el cesar o cancelar la matrícula a un niño que cometa a consideración violencia o agresión.
Esto debido a la problemática que se enfrentan en las escuelas el denominado bullying (maltrato o acoso escolar), que en el Congreso del Estado se ha planteado legislar este tipo de conductas que se ha generado durante muchos años a nivel tanto local como nacional e internacional.
“No estamos de acuerdo, la propia legislación ya prevé la sanción de conductas antisociales, en nuestro estado está establecida la aplicación de la justicia a los menores y de alguna manera no podemos pedirle a la instancia educativa una especie de procuraduría de justicia estudiantil”, ahondó.
Consideró que de alguna manera, esto generaría un ambiente adverso para que se desarrolle las habilidades y competencias que los alumnos deben recibir en los planteles.
Magaña Cervantes remarcó que la propia SEP, a través del programa Escuela Segura ha determinado mecanismos específicos para abordar esta problemática.
Asimismo hizo referencia que se debe abordar el bullying, desde el origen de la misma ya que en ocasiones los niños son víctimas y lo que refleja en la escuela es un síntoma de algo que falla en el plano personal, familiar o de su comunidad o entorno social.
“Es algo que lo ha orillado a desarrollar una conducta que le ha permitido generare un sentido de pertenencia o aceptación en un grupo en especifico a partir del desarrollo de la violencia”, concluyó.
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