“Si bien la reforma al artículo primero constitucional de 2011 creó un paradigma en el que pone como centro a los Derechos Humanos, las luchas jurídicas en el México de hoy y en el futuro están en la interpretación, en la hermenéutica, al momento de aplicar las normas de protección a estos derechos”, comentó Jesús Antonio de la Torre, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante la Lectio Brevis “Los Derechos Humanos desde la perspectiva de América Latina”, con la que dio inicio el ciclo escolar 2016-17 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Antonio de la Torre Rangel explicó que “hay derechos que se contradicen en virtud de los sujetos que los portan, de sus necesidades y sus intereses, y la lucha se da entre los que acostumbran una visión de derechos humanos ilustrada, una visión individualista, y la que propone la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, que pone las condiciones materiales de vida de las mayorías empobrecidas”.
Por casi una hora, el académico expuso a estudiantes de Derecho y funcionarios de la UdeC invitados a la conferencia, su visión de los Derechos Humanos enfocándose en las personas expuestas a una situación vulnerable. Dicha visión se funda en las necesidades básicas de los pueblos; «de las personas que reivindican la vida digna de todos como un derecho fundamental, y que defienden como derecho clave el hacer justicia”, sostuvo.
En su intervención, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo que la perspectiva universitaria coincide con la visión del doctor de la Torre “en que debemos aspirar a una justicia humanizada, que apele a una formulación equitativa de la legislación y aplicación de la justicia, y que incorpore a esos instrumentos aspectos sociales que necesitan ser remediados con urgencia, como la pobreza y la desigualdad”.
“Por esa razón –añadió–, delineamos en nuestro Plan Institucional de Desarrollo la importancia de fomentar el pensamiento crítico, de formar integralmente a los jóvenes, con ética y responsabilidad social; vinculándonos como institución educativa con la vida comunitaria y trabajando para su mejora”.
En este sentido, Hernández Nava dijo que “redoblar el paso de la responsabilidad social universitaria y hacer que cada orden de gobierno asuma su tarea con la cultura de la legalidad, la transparencia en todas sus acciones, y los esfuerzos para que el acceso a la educación sea cada vez más equitativo y amplio”, será la ruta a seguir en los próximos años.
Comentó asimismo, que las actividades de la UdeC tienen su fundamento en la responsabilidad social, “con el fin de que seamos una universidad socialmente responsable, promotora de la diversidad de pensamiento, atenta a las necesidades sociales y partícipe de los esfuerzos por revertir las circunstancias de violencia y cuestionamiento respecto de los Derechos Humanos”.
Aquí citó dos ejemplos donde la UdeC, a través de su Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), que dirige Alicia López de Hernández, interviene en la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Uno es el proyecto artístico “Murmullos en los muros” y otro la participación en el programa Ciudades Seguras para las Mujeres, que coordinan las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la de Gobernación.
Los universitarios, añadió, “tenemos mucho que aportar en estos temas, y por eso nos hemos sumado con entusiasmo al llamado que ha hecho el gobierno del estado para poner al servicio de la sociedad el conocimiento que la Universidad posee, y esos puntos se trasladen al Plan Estatal de Desarrollo del nuevo gobierno”.
Finalmente, deseó a los alumnos dela Facultad de Derecho, éxito en el nuevo semestre y les pidió “trabajar intensamente por fomentar y respetar la cultura de los Derechos Humanos”.
Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Mario de la Madrid Andrade, comentó que el enfoque del invitado “tiene una perspectiva muy particular porque critica los Derechos Humanos de América Latina desde una visión enfocada en el pobre”.
Compartió también que desde hace algunos años ha sido un reto enfrentarse a este nuevo paradigma, tanto en las aulas como en el ámbito profesional, y que constituye un gran esfuerzo para los abogados, profesores y estudiantes adquirir las herramientas necesarias para lo que se puede llamar una perspectiva de la justicia de los DDHH. BP
