«Nadie se preocupa más por el pueblo sirio que su gobierno», dijo el ministro de Exteriores, Walid Moallem. «No estamos felices de ver a los hermanos matándose unos a otros», aseguró. Sus palabras van en contra de los activistas de la oposición y los líderes mundiales que dicen que la represión del régimen ha matado a miles de personas.
La presión contra Damasco aumenta debido a que este martes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne en Ginebra para escuchar un informe más que asegura que los funcionarios del gobierno sirio fueron los responsables de «crímenes de lesa humanidad» cometidos por las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición.
Al menos 57 civiles murieron este martes, de acuerdo con los Comités de Coordinación Locales de Siria (LCC, por sus siglas en inglés), una red de activistas de la oposición.
Las víctimas incluyen a 27 personas de los suburbios de Hama, donde cientos resultaron heridos durante el quinto día de bombardeos, según el LCC. Otros 20 murieron en Homs, ciudad que ha sido atacada por las fuerzas del gobierno por más de tres semanas. Las muertes de este martes se suman a las 144 personas que murieron el lunes en todo el país, dijo el LCC.
Otro grupo de la oposición, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, dijo que cinco miembros del Ejército sirio murieron en enfrentamientos antes del amanecer con soldados que desertaron en la provincia de Daraa.
CNN y otros medios de comunicación no pueden verificar independientemente los informes de la oposición o del gobierno debido a que Siria mantiene muy limitado el acceso a los periodistas extranjeros. Pero la gran mayoría de los informes del terreno indican que las fuerzas del gobierno están masacrando a los ciudadanos en un intento de acabar con los civiles que buscan el derrocamiento de Al-Asad.
Moallem aseguró a reporteros que nadie se muere en Siria a causa del hambre o la enfermedad, y dijo que a pesar del «boicot económico internacional», su gobierno está proporcionando todos los servicios necesarios.
La Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo al consejo que su oficina ha recibido “reportes inquietantes del rápido deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria. Los reportes recientes también indican que el Ejército sirio y las fuerzas de seguridad han emprendido campañas de arrestos masivos, por lo que han detenido de forma arbitraria a miles de manifestantes y activistas”.
Las ciudades de Hama y Homs han padecido la mayor parte de la violencia, aseguró. Los residentes no pueden obtener comida, agua o medicamentos, ni acudir a hospitales, aseguró. Los hospitales en sí mismos están desbordados, por lo que ciudadanos han instalado clínicas improvisadas donde faltan medicamentos.
Algunos reportes sugieren que más de 500 niños han sido asesinados desde que la revuelta comenzó en marzo de 2011, según Pillay. El gobierno sirio reportó 2,493 civiles y 1,345 soldados y policías muertos entre marzo de 2011 y el 18 de enero de 2012. Pero Pillay dijo que información disponible en su oficina los muertos podrían exceder estos números.
El gobierno Siria ha cooperado hasta cierto punto al permitir a observadores de la Liga Árabe entrar al país y dar acceso controlado a grupos de ayuda, según Pillay. La Liga Árabe suspendió más tarde la misión de monitoreo en medio de la violencia.
“Sin embargo, estos pasos son insignificantes en medio de la violencia y los arrestos de personas por parte del Estado”, dijo Pillay. “A la luz de esto y de las abominables violaciones que ocurren a cada momento, estoy convencida de que llevar la situación de Siria a la Corte Penal Internacional será un paso en la dirección correcta”.
Este lunes, la Unión Europea aplicó nuevas sanciones contra el gobierno sirio. La UE congelará los activos de los siete ministros del régimen de Al-Asad, dijo la portavoz Susanne Kiefer. A los ministros también se les negó la entrada a la UE. Además, el organismo internacional congelará los activos del Banco Central de Siria en la UE.
Las decisiones «ponen más presión sobre aquellos que son responsables de la despiadada campaña de represión en Siria», dijo en un comunicado Catherine Ashton, jefe de la política exterior. «Las medidas son dirigidas al régimen por su capacidad de llevar a cabo la terrible violencia contra los civiles. Mientras continúe la represión, la UE mantendrá la imposición de sanciones».
La Comisión Internacional de Investigación dijo en su reporte que grupos de las Naciones Unidas que investigan crímenes podrían identificar a los autores, y que se había entregado una lista de presuntos responsables a la oficina de Pillay.
La LCC dijo que cerca de 9,000 personas han muerto desde que el gobierno lanzó su ofensiva contra los disidentes en marzo. El gobierno sirio dice que más de 2,000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido asesinados por «terroristas» en ese mismo periodo.
Con información de CNN
