APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
La política mexicana es una fabrica de escándalos lamentables y vergonzosos. Podríamos decir que es el pan de cada día. Pero la crisis de credibilidad y honestidad que enfrenta el INE generada en torno a la figura de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, es una bomba directa a los cimientos de la democracia en México.
Y es que la democracia puede sobrevivir a una elección cerrada, a una derrota dolorosa y hasta a una clase política que confunde el poder con un patrimonio personal. Lo que difícilmente puede soportar es que los ciudadanos dejen de confiar en las reglas que permiten decidir quién gobierna.
Por eso la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es un simple movimiento burocrático. Es un episodio que golpea la credibilidad de una de las instituciones más importantes de la vida pública mexicana, precisamente cuando el país se encamina a un nuevo proceso electoral.
Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados este 26 de octubre, después de una serie de revelaciones periodísticas sobre sus presuntos vínculos personales y familiares con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con proveedores del instituto. Las investigaciones periodísticas han señalado contratos que superan los 240 millones de pesos y posibles conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para esclarecer las presuntas irregularidades.
Conviene hacer una precisión indispensable: los señalamientos no equivalen por sí mismos a una sentencia. La responsabilidad de cada involucrado debe establecerse mediante investigaciones y pruebas, no por el tribunal de las redes sociales.
Pero tampoco se puede pretender que la gravedad institucional desaparezca con esa aclaración.
Cuando la persona responsable de encabezar al árbitro electoral queda envuelta en cuestionamientos sobre la relación de su entorno con proveedores del organismo, la exigencia de transparencia deja de ser un asunto administrativo. Se convierte en una obligación política.
Sin ánimo de restarle seriedad al debate, basta un ejemplo sencillo para ilustrar el problema: lo ocurrido con los señalamientos de favoritismo y cercanía entre la cúpula de la FIFA y Lionel Messi, de Argentina. El Mundial no desapareció ni la FIFA dejó de existir, pero la percepción de parcialidad y los cuestionamientos sobre la integridad de la organización provocaron un profundo deterioro de su credibilidad. Porque las instituciones pueden sobrevivir a un escándalo, pero recuperar la confianza perdida es mucho más difícil; y el daño, aunque se intente minimizar, no desaparece por decreto.
Y aquí comienza el verdadero problema. Durante años, México construyó instituciones electorales para evitar que el poder político tuviera la última palabra sobre quién gana las elecciones. El tránsito del antiguo Instituto Federal Electoral al INE fue parte de una historia de desconfianza, conflictos y reformas que buscaban alejar al árbitro de los intereses de los partidos.
No fue una concesión gratuita de los gobernantes. Fue una conquista de una sociedad que aprendió, a veces de la peor manera, que no basta con votar: también se necesitan reglas confiables, autoridades imparciales y resultados que puedan reconocerse incluso cuando no favorecen a quienes están en el poder. Por eso resulta tan delicado lo que ocurre hoy.
La llegada de Taddei en 2023 fue interpretada por distintos sectores como una victoria política de Morena en la disputa por la conducción del instituto. Su renuncia, en medio de estos señalamientos, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que el oficialismo debería responder con hechos, no con discursos: ¿qué garantías existen de que las instituciones encargadas de vigilar el poder no terminen subordinadas a los intereses de quienes lo ejercen?
La respuesta no puede consistir en asegurar que todo es una campaña política ni en exigir que se dé por culpable a una funcionaria antes de concluir las investigaciones. Ambas posiciones evaden lo esencial: esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, si las hay.
Morena llegó al poder con una bandera anticorrupción que convirtió en uno de sus principales argumentos de legitimidad. Esa promesa también debe aplicarse a los funcionarios que llegaron a sus cargos durante sus gobiernos y a las instituciones cuya conducción respaldó políticamente.
La honestidad no puede ser una exigencia para los adversarios y una cuestión de interpretación cuando los cuestionamientos alcanzan al propio entorno.
Tampoco basta con que la presidenta Claudia Sheinbaum se deslinde de cualquier sospecha o pida que no haya sombras de corrupción. Lo importante será que las investigaciones avancen sin interferencias, que los resultados se hagan públicos y que las responsabilidades se determinen con el mismo rigor, independientemente de los apellidos, las amistades o las filiaciones políticas de los involucrados.
El periodismo que documenta posibles irregularidades no debilita por sí mismo a las instituciones. Si la información está sustentada, contribuye a exigirles cuentas. Lo que las debilita es la incapacidad para explicar decisiones, transparentar contratos y corregir aquello que no resiste el escrutinio público. Ahora viene otra prueba.
La Cámara de Diputados deberá conducir el procedimiento para designar a quien ocupe la presidencia del INE hasta concluir el periodo correspondiente. Morena y sus aliados tienen un peso decisivo en ese proceso legislativo. De ahí que la selección del relevo no pueda convertirse en una operación para colocar a una persona políticamente cercana y dar por resuelto el problema.
El país necesita una autoridad con capacidad técnica, independencia de criterio y disposición para someter sus decisiones al escrutinio público. No alguien que deba su lealtad a quien facilitó su nombramiento.
La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental: una cosa es elegir conforme a los procedimientos legales y otra construir la confianza que exige el cargo.
Y el tiempo tampoco ayuda. Con la organización electoral de 2026-2027 en marcha, el INE necesita garantizar continuidad operativa, certeza jurídica y autonomía. Una institución concentrada en resolver una crisis interna corre el riesgo de perder de vista que su razón de existir no es proteger a sus funcionarios, sino garantizar los derechos políticos de los ciudadanos.
La oposición, por supuesto, tiene motivos para exigir explicaciones y vigilar el relevo. Pero también tiene una responsabilidad: no convertir la defensa del árbitro en una consigna partidista que se abandona cuando la institución toma decisiones incómodas para sus propios intereses.
La independencia electoral no puede defenderse solamente cuando beneficia a un partido. El problema de fondo es mucho más grande que la salida de una consejera presidenta. Es la tentación recurrente de las élites políticas de confundir la legitimidad obtenida en las urnas con el derecho a controlar todo aquello que debería vigilarlas.
Porque ganar una elección concede el derecho a gobernar, no a apropiarse de las instituciones. Y presidir el INE tampoco concede el derecho a quedar por encima de las exigencias de transparencia que se imponen a los demás.
La renuncia de Taddei no demuestra, por sí sola, que las acusaciones sean ciertas ni resuelve las dudas que las originaron. Lo que hace es colocar al instituto frente a una prueba de credibilidad que no puede superar con comunicados, relevos administrativos o declaraciones de buena voluntad. Necesita resultados verificables.
Al final, la democracia no depende de que los funcionarios se describan a sí mismos como honestos, ni de que los partidos aseguren defenderla. Depende de que existan mecanismos capaces de investigar, corregir y sancionar sin privilegios.
Porque el árbitro electoral puede equivocarse, sus funcionarios pueden ser cuestionados y sus decisiones pueden discutirse. Lo que no puede permitirse es que la ciudadanía llegue a la conclusión de que las reglas son distintas para quienes tienen el poder.
Cuando la confianza en el árbitro se pierde, no basta con cambiar a quien lleva el silbato. Hay que demostrar que el juego nunca estuvo arreglado.
