Japón anunció el viernes que creará un nuevo organismo de seguridad nuclear bajo el auspicio del Ministerio de Medio Ambiente, como parte de los esfuerzos por mejorar los estándares del sector luego de un sismo y un tsunami que desataron la peor crisis atómica en 25 años.
El Ministerio de Medio Ambiente, aunque menos poderoso que el de Comercio, que antes regulaba y promocionaba la energía nuclear, está considerado como menos vinculado con la industria, una acusación que acechó a la actual agencia de seguridad.
El nuevo organismo combinará a la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA por su sigla en inglés) con otra institución asesora del Gobierno.
Los expertos advirtieron que el mero cambio organizativo podría no ser suficiente para restaurar la confianza pública en las empresas de servicios japonesas o para garantizar una supervisión efectiva.
«Hemos decidido separar la división de regulación de seguridad nuclear de la NISA del Ministerio de Comercio, y unificar los asuntos relacionados con la seguridad atómica bajo el Ministerio de Medio Ambiente», dijo el primer ministro, Naoto Kan, a sus ministros.
El nuevo regulador juntará a entre 500 y 600 empleados de las actuales agencias y considerará imponer medidas más estrictas sobre las plantas de energía nuclear, señaló el ministro de Crisis Nuclear Goshi Hosono.
«Es un tema de proporciones nacionales y se necesitaba llegar a una conclusión rápidamente», explicó Hosano a los periodistas el viernes.
La crisis de radiación en la planta nuclear Fukushima Daiichi, ubicada a 240 kilómetros al norte de Tokio, desató una revisión de la política energética de Japón y Kan llamó a la nación a reducir su dependencia en la energía nuclear.
El desastre también hizo que otros países evaluaran sus estándares de seguridad.
El supervisor nuclear estadounidense está considerando adoptar un enfoque más estricto que podría forzar a las plantas a prepararse para desastres mucho más violentos de los que originalmente fueron diseñadas para resistir.
La decisión de Kan de modificar los organismos regulatorios se produjo luego de que más de 2.000 agricultores de Fukushima marcharon hacia el centro de Tokio para demandar el fin del desastre y el pago inmediato de compensaciones.
Desde el accidente, se detectaron niveles de radiación superiores a los que permiten los estándares de seguridad en productos como carnes y vegetales, lo que llevó al Gobierno a prohibir los despachos desde Fukushima y algunas prefecturas vecinas.
«Nuestro enojo está llegando a un punto de ebullición», dijo Takahiro Abe, portavoz de una cooperativa agrícola de Fukushima.
(Reporte de Linda Sieg y Kiyoshi Takenaka; reporte adicional de Shinichi Saoshiro; Editado en español por Juana Casas)
Con información de Reuters
