Organizaciones pro inmigrantes reclamaron hoy en Estados Unidos al presidente Barak Obama que ponga fin a «su triste récord de deportaciones» e iniciativas antiinmigrantes «al estilo Gestapo» en una serie de protestas ante las sedes del Partido Demócrata.
Los actos se desarrollaron contra las sedes del partido Demócrata en Chicago -donde se encuentra la oficina de campaña para la reelección de Obama en 2012-, Boston, Houston, Miami, Charlotte y Atlanta.
«No se puede permitir que continúen en marcha acciones al estilo Gestapo intimidando a nuestras comunidades por el hecho de no tener documentos», dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida en la manifestación de Miami.
«Siento que Obama nos traicionó, muchos de nosotros movilizamos gente para que votara por él en 2008. Incluso cuando pudimos fuimos voluntarios de actos de campaña», dijo Diego Sánchez, estudiante universitario argentino de 21 años, que ha vivido 13 como indocumentado en Estados Unidos.
«No solo creímos en su promesa de reforma migratoria, sino que jamás pensamos que tendría el triste récord de un millón de deportaciones en su gobierno», añadió.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas declararon hoy «Día Nacional de Acción contra las Deportaciones y el Programa Federal Comunidades Seguras (S-Comm)», el plan que permite el intercambio entre policías locales y los agentes federales de inmigración de información de las huellas dactilares de las personas arrestadas.
Aunque el programa -lanzado en 2008 por el Departamento de Seguridad Interna y el Servicio de Inmigración y Aduanas- pretende identificar a criminales graves, en la práctica se aplica a cualquiera que esté bajo custodia policial. «Es una mentira que la mayoría de los deportados gracias al S-Comm sean criminales», dijo Jonathan Fried, portavoz de la organización We Count!.
A su lado estaba Reina, una trabajadora mexicana cuyo esposo fue deportado desde Miami tras ser detenido por una infracción de tránsito menor cuando viajaba junto con uno de sus hijos, de 15 años y ciudadano estadunidense.
En California, la Coalición de Los Ángeles por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), sostuvo que el «régimen poli-migra» ha causado en el país desde su comienzo «121 mil deportaciones de inmigrantes que se presumía eran inocentes o habían sido arrestados por faltas menores, como vender comida sin contar con un permiso».
La Unión de los Derechos Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés) considera por su parte que el S-Comm «amenaza la seguridad pública, menoscaba las libertades civiles y deriva en la deportación de personas con delitos menores o sin ningún tipo de condena».
Entre la veintena de manifestantes en Miami hubo varios estudiantes indocumentados, como Diego Sánchez, cuyas excelentes calificaciones les han valido becas del sector privado para seguir sus estudios, pero que no tienen perspectivas de ingresar al mercado laboral por no contar con papeles.
«Yo creo que la cifra insólita de deportaciones en el gobierno de Obama nos enseñó la parte más fea de la política. Quisiera tener la esperanza de que si gana nuevamente cambiará, pero cuesta creerlo. Vivimos uno de los gobiernos más republicanos en materia migratoria», dijo Adrián Escarate, chileno de 22 años y estudiante de Comunicación Social en una universidad privada.
Felipe Matos, un brasileño de 25 años estudiante de gerencia empresarial y activista de la organización Presente.org, reclamó «soluciones reales a la crisis de la inmigración porque la S-Comm sólo le hará más daño aún a nuestras comunidades».
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados según cálculos oficiales y se estima en unos 700 mil el número de estudiantes criados y educados en el país que viven al margen de becas y de posibilidades laborales legales.
Con información de AFP
