CDMX.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió sobre los riesgos institucionales que implicaría otorgar al organismo facultades para evaluar la integridad de candidaturas, al considerar que ello podría comprometer su carácter neutral e imparcial dentro de los procesos electorales.
En medio del inicio del debate legislativo sobre la reforma electoral propuesta por la Presidencia de la República, Taddei Zavala señaló que el INE “no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política”, ya que su función constitucional se limita a organizar elecciones y garantizar principios de legalidad, certeza y transparencia.
La iniciativa, presentada el pasado 22 de mayo de 2026 y que será discutida en el Congreso de la Unión, plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada por cinco consejeras o consejeros electorales, con el objetivo de revisar perfiles de aspirantes mediante coordinación con instancias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
De acuerdo con el planteamiento, los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria listas de aspirantes para que autoridades de seguridad realicen análisis de riesgo y determinen si existe un “riesgo razonable”, información que posteriormente sería comunicada al INE bajo criterios de confidencialidad.
Sin embargo, la presidenta del órgano electoral alertó que, de no delimitarse claramente las facultades institucionales, el INE podría quedar expuesto al centro de disputas políticas al asumir tareas relacionadas con la validación de la probidad de candidaturas. “Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política”, subrayó.
Taddei Zavala insistió en que el Instituto tiene una naturaleza estrictamente administrativa y no cuenta con atribuciones ministeriales o judiciales para investigar posibles vínculos ilícitos, responsabilidad que corresponde únicamente a las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, adelantó que otra de las propuestas incluidas en la reforma contempla establecer una causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, lo que implicaría para el INE la creación de nuevos lineamientos y mecanismos para vigilar el financiamiento externo en procesos electorales.
Finalmente, la consejera presidenta sostuvo que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses ilegales en la vida democrática debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano, reiterando que el INE mantendrá su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas e imparciales.
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