Los transportes aéreos no se vieron afectados por la huelga, aunque escuelas, hospitales, tribunales, administraciones, correos, bibliotecas, museos y la recogida de basura funcionaban parcialmente. Varias manifestaciones estaban previstas en la tarde en la capital y otras ciudades del país.
La huelga se ha convertido en un test sobre la influencia de la CGTP, la principal confederación sindical portuguesa y la única que convocó a este paro nacional. En ausencia de indicadores precisos de la CGTP sobre la amplitud de la movilización y del Gobierno, que se ha negado a ofrecer estimaciones, el líder del sindicato, Amenio Carlos, aseguró que la participación, inferior a la esperada, se debe a las «dificultades financieras y a la intimidación en los lugares de trabajo».
La huelga «no ayudará a resolver los problemas del país. Tenemos la sensación de que una mayoría aplastante de portugueses piensa lo mismo», dijo el portavoz del gobierno, Luis Marques Guedes.
Al final de la mañana, la capital, donde los trenes y autobuses proporcionaron servicios mínimos, parecía poco perturbada, pues la mayoría de los comercios, cafés, supermercados, bancos y farmacias abrieron.
«La huelga no sirve para nada y daña al país», arguyó Pedro, un camarero de unos treinta años que aseguró que el número de clientes no había caído. Helder Eduardo, un barrendero huelguista de 33 años que se manifestaba en Lisboa junto a varios miles de personas, considera que «hay que seguir luchando», aunque reconoció que la participación es inferior a huelgas anteriores.
Con gritos de «FMI fuera», «Basta de sacrificios» o «Se necesita un cambio o trabajo para los jóvenes», el cortejo sindical se dirigía en calma hacia el Parlamento portugués, donde se iba a juntar con movimientos de jóvenes ‘indignados’.
La CGTP se lanzó en solitario en esta batalla, sin el apoyo de la otra gran central sindical, la UGT, que la había apoyado en las dos huelgas generales anteriores, de noviembre de 2010 y noviembre de 2011.
Los dos sindicatos están divididos con la reforma laboral que promueve el gobierno, aceptada por la UGT pero que la CGTP ha rechazado de plano al calificarla de «regreso al feudalismo». Esa reforma prevé una flexibilización de la jornada laboral, facilitación de los despidos, supresión de días feriados y reducción de días de vacaciones.
Esta reforma defendida por el gobierno del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho estará la semana próxima en el Parlamento, donde la coalición de derecha dispone de una confortable mayoría.
Después de Grecia e Irlanda, Portugal es el tercer país de la zona euro que ha necesitado asistencia financiera para evitar la quiebra. En mayo del pasado año la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) le concedieron un paquete de créditos de 78 mil millones de euros a cambio de draconianas reformas para reducir el Estado.
Las medidas de austeridad de gobierno han provocado una desaceleración de la economía portuguesa, que según previsiones oficiales, se contraerá este año más del 3% y el desempleo subirá al 14.5%.
Con información de AFP
