FGE investiga presuntos actos de tortura atribuidos a policías municipales de Coquimatlán

Colima.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inició una carpeta de investigación por la presunta comisión de actos de tortura atribuidos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán.

La investigación comenzó luego de la difusión de un video en diversas plataformas digitales, en el que presuntamente se observan actos de tortura en agravio de un hombre.

La dependencia dio a conocer que ya cuenta con la denuncia formal presentada por la presunta víctima, identificada como Gabriel «N», quien señaló que los hechos habrían ocurrido durante el mes de noviembre de 2025.

Con base en esta denuncia, el Ministerio Público Especializado realiza diversas diligencias para esclarecer lo sucedido, entre ellas el análisis del material audiovisual difundido, la recopilación de datos de prueba y otros actos de investigación que permitan determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

La FGE reiteró que toda denuncia relacionada con posibles actos de tortura es atendida con estricto apego a la Constitución, a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a los protocolos nacionales e internacionales aplicables en la materia.

Asimismo, señaló que las investigaciones se desarrollan bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, debida diligencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizando tanto el acceso a la justicia para la víctima como el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas señaladas.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado indicó que continuará informando sobre los avances del caso conforme lo permitan las etapas procesales, al tiempo que refrendó su compromiso de investigar toda conducta que pudiera constituir una violación a los derechos humanos y de actuar con firmeza para combatir la impunidad.