La decisión, que será ratificada el próximo día 23, señala que se impone a Garzón un castigo de 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, “así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”.
En consecuencia, desde ayer Garzón dejó de ser el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El Supremo dejó sin efecto las suspensiones provisionales que ya pesaban sobre Garzón y que fueron acordadas a raíz de que Garzón fuera procesado tanto por las escuchas de la Gürtel como por comenzar a investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencia para ello por una Ley de Amnistía de 1977.
Sobre esta segunda causa aún está pendiente la sentencia, que podría conocerse en los próximos días, según fuentes del alto tribunal.
Cuando transcurran los 11 años de inhabilitación, Baltasar Garzón, que tendrá entonces 67 años, hipotéticamente podrá volver a solicitar al consejo su readmisión en la carrera judicial, a la que volverá con la antigüedad que ha reunido hasta este momento sin que le sea computado en el escalafón el tiempo durante el cual ha permanecido inhabilitado.
Sin embargo, en España la ley señala que a los 67 es la edad de la jubilación, por lo que se puede decir que la carrera judicial de Garzón ha concluido.
La trama Gürtel fue puesta al descubierto por el juez Garzón en 2009 e involucra directamente a ex altos cargos del derechista Partido Popular (PP) hoy en el poder.
En Santo Domingo (República Dominicana), Garzón aseguró ayer que seguirá “luchando” por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción, en una entrevista publicada por el periódico Listín Diario.
“Mientras me queden fuerzas voy a luchar por todo aquello que considero una necesidad para la sociedad moderna, como es más justicia, más protección, seguridad, más defensa de las víctimas, más compromiso frente al crimen organizado y la corrupción, lucha por los derechos humanos”, dijo Garzón al diario.
El juez visitó el fin de semana la provincia de La Romana (este), invitado por el abogado dominicano Vinicio Castillo Semán, y donde se reunió con el presidente del país, Leonel Fernández, y compartió con el vicepresidente, Rafael Alburquerque; el procurador, Radhamés Jiménez, y otros abogados y funcionarios.
“Esa ha sido mi vida dentro de la justicia y esa va a seguir siendo mi acción dentro de la justicia desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional”, añadió Garzón en la entrevista.
En tanto más de 80 organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos expresaron en una carta abierta al gobierno y al Poder Judicial español su “gran preocupación” por lo que consideran “criminalización de la actividad judicial del juez Baltasar Garzón”,por la inhabilitación de su cargo.
Con información de Milenio
